
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del expresidente Francisco Sagasti. Queda la moción para ser votada en el Pleno parlamentario, que podría reunirse en la próxima legislatura de marzo.
Se ha tratado de una persecución política contra el exmandatario, quien, pese a señalar en varias ocasiones que no participará en las próximas elecciones, ha sido acusado de haber realizado procesos arbitrarios de pase al retiro de varios generales de la Policía Nacional en el 2020. En el caso también están involucrados dos exministros del gobierno de transición dirigido por Sagasti.
Durante el tiempo que le otorgaron para ejercer su defensa, el exmandatario remarcó: “No abusé de mis atribuciones ni cometí actos arbitrarios” en mi periodo de gobierno. Todo fue inútil para una representación parlamentaria que conjuga el verbo venganza contra quienes consideran que les pueden hacer sombra en la próxima contienda electoral.
Fue inútil que durante su gestión se obtuvieran 78 millones de dosis de vacunas y se procediera a un masivo programa de vacunación que permitió salvar miles de vidas, así como la multiplicación de la oferta de oxígeno medicinal hasta en siete veces. Para quienes tienen una consigna política y avanzan en su proyecto para determinar a las próximas autoridades del país, ninguna razón se impondrá sobre sus mentiras y falsas interpretaciones.

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