¿Habrá responsabilidad con el presupuesto 2025?, por Mónica Muñoz-Nájar

Imagine una casa en la que vive una familia muy grande, con muchos tíos, sobrinos, abuelos, primos, donde solo dos personas son responsables de manejar el presupuesto de todo el hogar. Los ingresos son limitados y todos tienen necesidades distintas: educación para los más jóvenes, gastos médicos para los mayores, reparaciones urgentes en la casa y alimentos para todos. Sin embargo, en lugar de sentarse a dialogar sobre las prioridades de la familia, los encargados del presupuesto toman decisiones sin consultar a nadie.

Uno decide comprar una televisión nueva, mientras que el techo sigue con goteras. El otro gasta en ropa de marca, pero no guarda dinero para emergencias o para pagar las cuentas a fin de mes. Al final, los miembros de la familia sienten que sus necesidades no se toman en cuenta y los problemas más urgentes siguen sin resolverse. El hogar, lejos de mejorar, enfrenta tensiones y riesgos que podrían haberse evitado con una planificación adecuada y transparente.

Esto no es tan diferente de lo que ocurre con el presupuesto público del Perú en este momento. Aunque el proyecto de ley para 2025 está en manos del Congreso desde agosto, las decisiones parecen estar tomándose a puerta cerrada, sin diálogo ni transparencia. ¿Estamos priorizando lo más urgente? ¿Estamos cuidando el futuro? ¿O estamos repitiendo los mismos errores de gastar sin previsión ni estrategia?

El presupuesto público 2025

El presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado. Es como el mapa que define a dónde irán los recursos del país y cómo se atenderán las necesidades de la población. Para el 2025, el proyecto de Ley de Presupuesto Público distribuye más de S/251,800 millones entre las más de 3 mil entidades públicas.

En términos de prioridades, los sectores con mayor participación en el presupuesto siguen siendo los de siempre: educación, salud y transportes, y no se han reportado mayores novedades más allá de un año de más incrementos remunerativos y aumento de la planilla estatal y financiamiento de intervenciones específicas en los ministerios como por ejemplo incrementos de presupuesto a algunos programas sociales como Pensión 65 y el Vaso de Leche.

Entre cifras tan altas, es fácil perder de vista la importancia de lo que realmente se aprueba en el presupuesto, por eso el proceso debería de dar prioridad a la transparencia y difusión, así como al debate abierto, por este motivo es que la Constitución le da al Congreso tres meses de análisis y debate pues este debe recibir la propuesta de presupuesto a fines de agosto de cada año y tiene hasta fines de noviembre para consensuar y aprobarlo. Sin embargo, en la práctica, no se usa este tiempo para entablar diálogos abiertos y transparentes.

Con el presupuesto 2025 a días del plazo límite, aún no hay claridad sobre los consensos alcanzados o los puntos de desacuerdo. Esto debe generar preocupación por la posibilidad de que las decisiones se tomen de manera apresurada y sin un debate público adecuado. Además, la falta de transparencia en las negociaciones entre el Congreso y el Ejecutivo alimenta la desconfianza y pone en riesgo la eficacia del presupuesto.

Preocuparse por el presupuesto público

El presupuesto no es solo un documento técnico; es el reflejo de las prioridades del Estado y la herramienta más poderosa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A través del presupuesto se deciden cosas tan importantes como cuántos hospitales se construirán, cuántas escuelas tendrán los recursos necesarios o si se podrá mejorar la infraestructura vial del país.

Pero cuando el proceso es opaco y las decisiones no responden a una planificación estratégica, los recursos se malgastan y los problemas persisten. En los últimos 25 años, el presupuesto público ha crecido más de 3.6 veces y el de planillas aumentó 5.1 veces, y a pesar de este mayor gasto diversos indicadores sociales se han estancado, en particular desde la pandemia: la pobreza se ha incrementado, no avanza la cobertura de agua y desagüe, y se ha empeorado el nivel de aprendizaje de lectura y matemática de estudiantes de primaria.

Así, se siguen incrementando los recursos que maneja el Estado pero no se ven resultados y a eso se suma que este incremento de recursos viene siendo irresponsable y cada vez más cerca de amenazar el equilibrio de nuestras cuentas fiscales. Por ejemplo, el Consejo Fiscal ha advertido que el presupuesto 2025 incluye ingresos inciertos hasta por S/7 mil millones, como los provenientes de litigios fiscales. Como usted, amable lector, sin duda sabe, comprometerse a hacer gastos que se financiarán con un dinero que no sabemos si recibiremos o no, es altamente irresponsable. Además, el déficit fiscal acumulado de 2024 ya alcanza el 4% del PBI, superando ampliamente el límite permitido del 2.8%.

Esta discusión se centra únicamente en la asignación: cómo se reparte la torta de recursos. Otra gran discusión es sobre la calidad de la forma de gastar esos recursos, tema que hemos analizado previamente y seguiremos tratando. Sin embargo, quiero transmitirle, querido lector, la importancia del proceso de elaboración y aprobación del presupuesto. Las taras en esta etapa impactan toda la cadena de servicios públicos: si el sistema de RENIEC no funciona, si las pistas están llenas de huecos, si al colegio no llegan los cuadernos o a la posta los medicamentos. Puede haber fallas en diversos puntos del camino, pero sin un presupuesto adecuado, el sistema está condenado. Por eso, el proceso para definirlo y ejecutarlo no puede ser opaco ni apresurado.

A pocos días de la fecha límite, el presupuesto 2025 aún genera más preguntas que respuestas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable del tema desde el Ejecutivo, va debilitado tras aprobar repetidamente gastos adicionales, incluso para el Congreso. Además, el MEF lleva 75 días sin nombrar Viceministro de Hacienda, el principal interlocutor y responsable del tema presupuestal, después del ministro mismo. Así, si el Congreso no cumple bien su rol de consensuar y aprobar responsablemente el presupuesto, se arriesga el bienestar de la población y la gobernanza del país. Asignar recursos de manera ineficaz perpetúa desigualdades y bloquea reformas esenciales. Es crucial que el Ejecutivo y Legislativo actúen con eficiencia y transparencia, asegurando que el presupuesto público realmente beneficie a todos los peruanos.

Mientras tanto, nosotros, como ciudadanos, debemos mantenernos vigilantes. Exigir procesos claros y responsables es tanto un derecho como una responsabilidad compartida para construir un país más equitativo. El presupuesto público no pertenece al Congreso ni al Ejecutivo; nos pertenece a todos. Es hora de actuar en consecuencia.