No todo está perdido/ no les quitemos su futuro, por Flor Pablo

Flor Pablo, congresista de la República

El dictamen que busca incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del Sistema Penal no resuelve el problema de la delincuencia y la inseguridad en el país. Rebajando la edad para aplicar la justicia penal lo único que logramos es negar a los adolescentes que delinquen una reinserción en la sociedad.

Estas semanas he recogido varias opiniones que me han reafirmado en mi posición de que la aprobación de esta medida alentará a las bandas criminales a captar y utilizar adolescentes mientras ellas quedan impunes. Hoy en día, según Unicef, de cada 100 personas que cometen delitos, sólo una es menor de 18 años. Esta cifra crecería, incrementando también la población carcelaria que está a tope, y condenará a los menores infractores al mundo de la delincuencia quitándoles la oportunidad de enmendar sus errores para comenzar una nueva vida.

El Programa Nacional Justicia Juvenil Restaurativa (PNJJR) del Ministerio Público informó que 2,809 adolescentes cumplieron sus medidas de resocialización de manera externa en el 2023. La cifra clave para tomar una decisión adecuada es que sólo un promedio de 5.6% reincide en un delito. La realidad entonces es que los adolescentes sí son capaces de redirigir sus vidas.

Según el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), que administra siete centros juveniles a nivel nacional, hasta agosto de este año, 3,514 adolescentes y jóvenes están cumpliendo una sanción socioeducativa. El 52% (1,832) privados de libertad en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) y el 48% (1,682) en libertad, acudiendo a los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA).
El porcentaje de reincidencia en el año 2023 ha sido de 7.1% para los que cumplen privación de libertad y 4.3% para quienes están en medio libre. Se demuestra que tratándose de adolescentes es más beneficiosa la intervención en libertad.

Estas semanas he conversado con adolescentes del PNJJR (adolescentes que son denunciados por infracciones leves o es su primera denuncia) y con sus pares de los centros juveniles en Lima Metropolitana. Ellos me indicaron que entre las razones más recurrentes de por qué llegaron a esta situación están: la ausencia de soporte familiar, un sistema educativo que no tiene estrategias para atender las conductas de riesgo, falta de espacios de socialización y participación para adolescentes, la manipulación por parte de delincuentes, la violencia y la falta de oportunidades. Ellos guardan esperanzas de salir adelante porque tienen la oportunidad de trabajar con grupos de empresarios que implementan programas de responsabilidad social (Jardines de la Paz, Adidas, OXXO, por citar algunos). Nos dicen “voy a trabajar bien temprano y luego regreso al centro” “ya estoy preparándome para beca 18” “voy a ser dentista” “productor musical”. Los congresistas que apoyan el dictamen de la penalización no han conversado ni mirado a los ojos a estos adolescentes que sólo buscan que la sociedad los acoja y les dé una oportunidad.

Hace falta información en el Congreso y en la opinión pública sobre esta problemática. Los adolescentes en conflicto con la ley penal por lo general se encuentran en estado de abandono y son denunciados por infracciones leves. La Fiscalía no tiene otro camino que enviarlos a los centros juveniles cuando ellos podrían cumplir con su resocialización de manera externa si tuvieran algún apoderado. En las mismas condiciones se encuentran en los centros juveniles. A estos adolescentes los dejaron solos sus familias y el Estado. Desde la pandemia el INABIF tampoco los recibe. Es decir, literalmente los mandamos a la calle.

Tenemos que enfrentar el problema de fondo que está asociado a la extrema pobreza que genera dolorosas desigualdades. Necesitamos más prevención en las escuelas desde la niñez, apoyo a las familias en la crianza de sus hijos, sistemas de protección de niños huérfanos y abandonados, ampliar y fortalecer los centros juveniles (personal, recursos para educación y alimentación), y generar oportunidades de trabajo. No podemos perder a nuestros adolescentes. El crimen no puede arrebatarnos a nuestros hijos. ¡Unámonos para salvarlos!