El viaje de Keiko Fujimori a España para participar en una conferencia política sobre liderazgo y resiliencia ha colocado a la heredera de Alberto Fujimori en varias situaciones por demás incómodas.
Han sido cuestionados sus vínculos familiares, su actuación política y hasta el daño provocado por el gobierno de su padre, a las víctimas de violencia política, y otros hechos que constituyen la carga de la herencia familiar.
El partido político en el Gobierno, el PSOE, ha criticado la presencia de la tres veces vencida candidata presidencial en actividades oficiales, talleres y cursos, señalando que nada bueno se puede obtener de ella.
Ayer en Santander, ciudad en la que se realizó el seminario, un diputado local dijo directamente que no debería tener actividades públicas en la ciudad una persona cuya familia tiene manchadas las manos con sangre de indígenas.
Ha sido un periplo en el que ha recibido no precisamente un tratamiento VIP. Una comunidad informada como la española no puede dejar de conocer los últimos acontecimientos políticos, en los que se ha cuestionado severamente la acción antidemocrática y de copamiento de otros poderes desde un Parlamento controlado por fuerzas políticas que le son afines. Además del pacto que mantiene con un Gobierno en el que hay indicios de corrupción, crímenes cometidos contra población desarmada y un sinnúmero de actos que tendrán que ser evaluados en su momento por sus visos de ilegalidad.
Keiko Fujimori tendrá que volver a su realidad judicial, con un proceso penal en marcha por la recepción de aportes millonarios no declarados y un presumible lavado de activos. Habrá que preguntarse también si los jueces que la procesan seguirán mostrándose tan permisivos para las salidas al exterior, en la medida en que se avance con el caso Cócteles.