Pequeñas victorias, por Rosa María Palacios

Un Congreso omnipotente y necio es un peligro social. No es una frase hueca para los peruanos. La ola de extorsión y sicariato que sufrimos hoy tiene una relación directa con la legislación pro-crimen organizado aprobada en agosto pasado por el Parlamento. Su objetivo, reconocido abiertamente por varios congresistas, era evitar ser procesados ellos mismos por sus crímenes favoritos (tráfico de influencias, por ejemplo) bajo la figura penal de “crimen organizado”, que sanciona la mera pertenencia y dispara los años de condena. ¿El resultado? Eliminaron la aplicación del delito de crimen organizado para la extorsión y el sicariato, lo que redujo las penas a aplicar y la capacidad de perseguir el delito.

La derogatoria de la Ley 32108 ha sido un clamor nacional: protestas, paros y hasta ruegos eclesiásticos. No querían ni moverle una coma. Pero esta semana aprobaron una modificatoria que, sin ser ideal, al menos devuelve a todos los delitos con penas menores de 5 años la posibilidad de ser cometidos y, por tanto, condenados como organización criminal. ¿Resuelve el problema? No. Pero al menos no lo agrava dejando impunes crímenes gravísimos. Y eso, en estos días de asesinatos, dolor y llanto, es al menos una pequeña victoria. La estupidez humana no puede ser siempre la victoriosa, a pesar de que Legislativo y Ejecutivo se esfuercen tanto en ese empeño.

Cabe destacar que al menos dos jueces, Jorge Chávez Tamariz y Richard Concepción Carhuancho, aplicando control difuso de la Constitución y control de convencionalidad de la Convención de Palermo, no favorecieron ni a ‘Los Dinámicos del Centro’ ni a los ‘Waykis en la Sombra’, organizaciones criminales con poder político que intentaron usar esa ley con desesperación. Que el Poder Judicial resista los embates de los poderes del Estado que quieren destruir el Estado de derecho es también otra pequeña victoria.

Sin embargo, para el Poder Judicial resistir no será fácil. Esta semana, el Congreso aprobó otra atrocidad jurídica modificando el Código Procesal Constitucional. Ha inventado un procedimiento de amparo para evadir el control constitucional que todo juez tiene que hacer sobre los actos parlamentarios, como las destituciones e inhabilitaciones de altos funcionarios del Estado. Casos como el de Zoraida Ávalos y recientemente Inés Tello y Aldo Vásquez son absolutamente inconstitucionales (y bien que lo saben), por lo que necesitan impedir que el Poder Judicial les reconozca sus derechos violados. ¿Qué hacer? Llevarlos directamente al Tribunal Constitucional, donde creían tener control absoluto.

Pero algo le salió mal al pacto de Gobierno esta semana. La ley aprobada rige para adelante, pero necesitaban que rigiera para atrás y así sacar definitivamente de la JNJ a Tello y Vásquez. ¿Cómo? Modificando el número de votos para aprobar una sentencia competencial y aplicando esa modificación a los procesos en curso en el Tribunal Constitucional. El Parlamento ya había demandado al Poder Judicial por fallar a favor de los vocales de la JNJ, pero el TC tenía aguantada la resolución porque no tenía los 5 votos necesarios para darle la razón al Congreso. Todos suponíamos que tenían 4, y así se modificó la ley el jueves. Pero con gran sorpresa, el viernes, Luz Pacheco votó a favor del Poder Judicial, y Tello y Vásquez se salvaron. Otra vez, una modesta victoria para las fuerzas del bien. No es mucho, pero va sumando.

Este viernes debían celebrarse elecciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la asamblea universitaria y los decanatos. “Elecciones” es mucho decir, porque el proceso electoral se había manejado de forma tan arbitraria y favorable a los intereses reeleccionistas de la rectora, que solo había listas únicas. El jueves por la tarde, los estudiantes resucitaron después de una larga apatía pospandémica y demostraron que estaban vivos y hartos. La protesta fue acallada por un centenar de matones enviados por las autoridades, pero sirvió para suspender las elecciones. El hecho de ver a estudiantes universitarios protestar por la limpieza en la elección de sus autoridades es una gran noticia. Una limitada victoria, pero victoria al fin y al cabo.

Conocí a Delia Espinoza cuando la entrevisté y expuso públicamente su caso. Ganadora del concurso para ser vocal suprema, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había hecho lo indecible para que no ocupara su plaza, mandándola al huesero que es, para un fiscal en actividad, el JNE. El caso era francamente escandaloso. Con paciencia y tesón, regresó a la Fiscalía Suprema y hoy es fiscal de la Nación. Si de algo sabe, es de sufrir abuso de poder. Si lleva esa experiencia consigo y la transforma en algo valioso, la defensa de los fueros del Ministerio Público está en buenas manos. Tal vez no lo logre, pero que esté ahí es otra pequeña victoria.

No es una victoria del bien ver que el mal se equivoque, pero vaya que da gusto. El ministro del Interior ha escalado una cumbre del ridículo difícil de superar, anunciando la captura del “número 2” de Sendero Luminoso. Tal vez, de tanto terruquear a todo el mundo, el Gobierno vea terroristas fantasmales en todas partes. Felizmente, el Poder Judicial pudo enmendar el falso anuncio y ordenó la liberación de Iván Quispe Palomino, desvinculado hace años de su requisitoriado hermano.

Estos últimos tres años han traído una sucesión de derrotas para la democracia, el Estado de derecho, las libertades fundamentales, la separación de poderes, tanto como para la seguridad, la educación, la salud, la economía, la alimentación y otras tantas áreas en las que la incompetencia, y muchas veces la corrupción estatal, ha prevalecido. Como no tenemos muchas victorias, celebremos estas pocas, con la esperanza de salir pronto hacia la reconstrucción del país.