Los empresarios contra ley pro crimen organizado

Son 22 gremios empresariales más la Confiep los que reclaman la derogatoria de la ley 32108, expedida por la mayoría congresal, que impide que se pueda perseguir la extorsión y el sicariato, al dejarlos fuera de la definición de organización criminal.

Esta norma fue gestada por el cerronismo y sus aliados – Fuerza Popular, App, Podemos Perú, etc.- para favorecerse política y personalmente. El Ejecutivo se allanó a la dación de la norma, sin observarla. Desde agosto que se promulgó la medida, han pedido ser favorecidos por la ley: Vladimir y Waldemar Cerrón y el congresista José Luna, entre otros.

La responsabilidad política tanto de quienes aprobaron como quienes dejaron pasar esta norma es muy grave. El asesinato de 4 chóferes y 2 pasajeras a bordo de los vehículos de transporte público perseguidos por los sicarios, han ocurrido tras la promulgación de la malhadada ley que promueve impunidad y por lo mismo, fomenta el accionar delictivo.

También se ha buscado desde el Congreso limitar la participación de los fiscales en los procesos de investigación y se han puesto una serie de trabas al desarrollo de sus labores, al obligarse a la presencia del abogado defensor en allanamientos y el previo conocimiento de las medidas cautelares por parte del investigado.

Por eso, resulta increíble que quienes provocaron este desastre quieran ponerse a la cabeza de la ola de las protestas y querer representar a las víctimas. Bien señala el comunicado de los empresarios que debe derogarse la última modificación al Código Penal porque “relajó la persecución del delito de crimen organizado”. A buen entendedor.