El paro de transportes convocado para ayer 26 de septiembre resultó exitoso, si es que puede hablarse de “éxito” en una coyuntura tan lamentable como la que vivimos. Los transportistas no han paralizado sus funciones por mejoras salariales o condiciones laborales más favorables, sino por el derecho a trabajar conservando su vida. Con la extorsión respirando en la nuca de todos los sectores productivos, mientras las agendas de los ocupantes del Ejecutivo están vacías o - acaso peor- llenas de intrascendencia, es difícil proyectar un escenario medianamente estable en el corto plazo.
La improvisación con la que se suspendieron las clases escolares es la mejor muestra de la mediocridad y displicencia en la gestión actual.
No cabe duda de que se debe combatir la extorsión con energía, pero la incompetencia del sector Interior siempre es aprovechada por quienes con mucha facilidad pero poca reflexión, plantean alternativas de “solución” a la situación de inseguridad sin ningún sustento empírico, que no reposan en evidencia alguna. Un ejemplo de estas salidas anti técnicas es promover el patrullaje de militares en las calles, para cumplir funciones policiales o la declaratoria de Estados de emergencia inútiles. Una mención especial merecen quienes hablan de “terrorismo urbano”, creativa fórmula que superpone delitos ya tipificados, restando el rigor y gravedad que implica hablar de terrorismo.
Esta clasificación esconde además una voluntad autoritaria, y puede traer consigo más crímenes contra la población civil como aquellos con los que este gobierno se impuso en el poder. Al parecer, para los promotores de esta idea el terrorismo con enfoque territorial, el fenómeno criminal se divide entre “urbano” y “rural”, dejando de lado componentes de esta definición que exceden largamente el ámbito en que surje o se desarrolla. El terrorismo es un método de acción con fines políticos que infunde el terror y que tiene detrás una construcción ideológica, puede surgir y expandirse en y hacia espacios rurales o urbanos, dá lo mismo.
No podemos olvidar el rol que ha cumplido la coalición gobernante desde el Congreso, con la aprobación de la Ley 32108, que debilita la lucha contra el crimen organizado, dificultando la tipificación del delito de extorsión al incluir absurdas condiciones que deben cumplir los criminales para poder ser denunciados y sentenciados.
Algo para resaltar en este paro de transporte es que otros sectores empresariales se han solidarizado con la medida. Uno de los gremios de empresarios de Gamarra, y la Asociación de Bodegueros manifestaron su apoyo a los trabajadores del transporte. Además, las universidades y empresas que pueden hacer trabajo remoto, tomaron esa medida para proteger a sus comunidades y trabajadores. Solo el Ejecutivo, hasta el final, procura restar importancia a la situación que vivimos, pese a que probablemente el vacío que ha dejado su inacción es lo que más promueve el desarrollo de grupos con ánimo violento, que incentivan salidas por fuera de la institucionalidad. Esa historia la tenemos reciente, pero parece que este gobierno de memoria frágil prefiere mirar de lado.