Un Colegio contra los politólogos

El Congreso de la República ha aprobado, sin ningún tipo de criterio técnico, en primera votación, el dictamen que crearía un Colegio de Politólogos en el Perú.

La discusión acerca de la relevancia de los colegios profesionales en el país tiene larga data, cuyas críticas no han sido consideradas por los 69 legisladores que votaron a favor de este dictamen.

En el caso de los científicos de la política, luego de más de 15 años de intentonas, este Congreso del pacto corrupto, finalmente, está logrando este cometido gracias a la autoría del congresista José Luis Elías Ávalos, de Alianza para el Progreso, y respaldada por el presidente de la comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre.

Lo que sostienen la mayoría de los politólogos de gran prestigio nacional e internacional es que, detrás esta creación, está el establecimiento de una agencia corporativista que solo vele por los intereses privados de sus promotores y que, a la vez, sirva para la censura de aquellos politólogos y politólogas disidentes de las ideas y propuestas de aquellos que impulsan este despropósito.

El sentido de los colegios profesionales no es fungir de agencias de intermediación laboral ni de intereses políticos inmediatistas sino servir como un espacio de promoción del diálogo e intercambio de los profesionales respecto a las problemáticas del país en los que son competentes. Evidentemente, esto último, no figura como parte de la motivación ni regulación excesiva que propone el proyecto de ley 484/2021-CR.

Además, se ha advertido que, de aprobarse en segunda votación, este colegio puede ser usado discrecionalmente para impedir que profesionales capacitados que no tengan la licenciatura y que sí hayan obtenido el grado académico de maestría y doctoradoen Ciencia Política sean impedidos arbitrariamente de ejercer una profesión que han desempeñado notablemente.

En efecto, la mayoría de los formadores de politólogos reconocidos públicamente no cuentan con la licenciatura debido al surgimiento relativamente reciente de escuelas profesionales de Ciencia Política en el país, lo cual sería un requisito insensato para ejercer la politología.

En ese sentido, ¿para quiénes sirve esta ley?