1 de Mayo: por qué la justicia para las víctimas pasa por la salida de Dina Boluarte , por Irma del Águila

Raúl Samillán, presidente la “Organización Nacional de Mártires y Víctimas” invita a los peruanos a unirse a la marcha nacional a Lima, el 1 de mayo.  Y así “a una sola voz, [que] el gobierno de Dina Boluarte entienda que tiene que dar un paso al costado y convocar a nuevas elecciones”.

La organización nacional agrupa a los deudos de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, con el fin de unir esfuerzos para que se haga justicia para sus seres queridos. A poco de formarse, hace un par de meses, sostuvo una reunión con el fiscal Luis Valdivia, nuevo coordinador del Equipo Especial de Fiscales para los casos de las Víctimas de las Protestas (EFICAVIP), con el propósito de recabar imformación sobre el estado de las investigaciones. Recordemos, la muy cuestionada y ahora investigada ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, había removido hasta en cinco ocasiones a los fiscales que se ocupaban de los casos, sin respeto por las protestas y el dolor de los familiares.

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Raúl Samillán, presidente de la organización nacional de víctimas y hermano de Marco Antonio Samillán, el joven médico asesinado por la espalda en Juliaca, declaró en diciembre pasado, “ante la caída de Patricia Benavides, para nosotros los familiares de las víctimas de la región de Puno, es como si se hubiera abierto una ventana de esperanza para que podamos alcanzar justicia, en vista de que la fiscal de la nación es la responsable de toda esta dilación de las investigaciones” (Red de Medios Regionales del Perú).

Hoy, en algunas de los casos ya hay policías y militares identificados e investigados y existen autores materiales reconocidos. Algunos jefes de regiones policiales se encuentran también bajo investigación. Sin duda son avances importantes y existe la mejor disposición de la fiscalía pero todavía resulta insuficiente a más de un año de las masacres y luego de decisiones cuestionables como la de Inspectoría del Ejército, que exculpó a los oficiales y suboficiales de los cargos de homicidio en las protestas del 15 de diciembre  en Huamanga. Y la del gobierno que poco tiempo después nombró al general de brigada Marco Marín, inspector del ejército en Huamanga, agregado militar en Washington.

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Así pues, el reclamo de justicia y reparación a los deudos pasa por un camino difícil sembrado de obstáculos. De ahí que en esos deudos anide la conviccion de que descombrar la ruta pasa por la destitución definitiva de la fiscal Patricia Benavides, por el respaldo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que le abrió proceso, y por la defensa de “nuestras instituciones” democráticas. Y, en un número importante de deudos, se escucha la exigencia de la salida de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales.

“Estamos vivos y fuertes”, señaló Raúl Samillán quien, con otros deudos, emprenderán el largo camino a Lima. En la víspera, el 30 de abril, harán un plantón frente al Ministerio Público. No estarán solos.