Silencio oficial y crisis general
La presidenta Boluarte gana tiempo y dice que hablará en la Fiscalía.
La trama de los relojes que involucra a la presidenta Dina Boluarte se ha transformado en una auténtica crisis que amenaza el futuro de su Gobierno y de la coalición que la mantiene en el cargo. Un asunto que inicialmente parecía de ostentación desubicada y que debía explicarse por razones de transparencia pública, se ha convertido en un caso de presumible corrupción.
A diferencia de otras ocasiones, el ‘Rolexgate’ involucra directamente a la presidenta. Sus aliados en el Congreso, a pocos días de la exposición del gabinete en el Hemiciclo y el pedido de confianza, no tienen una línea de respuesta en común y se complican a la hora de querer ayudarla a superar el trance.
El silencio de la presidenta, luego de más de una semana de las revelaciones del portal La Encerrona, es la mejor prueba de que el escándalo la ha tocado y que las iniciativas de salvataje ensayadas no han funcionado. Ahora gana tiempo al señalar que hablará ante la Fiscalía. Mientras tanto, la moralidad de quien ostenta el cargo más alto del país está en serio entredicho, el caso compromete a sus aliados, inmoviliza al país y deja sin margen de maniobra al primer ministro y la urgente agenda de gobernabilidad.
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Una vacancia por incapacidad moral sería una medida que ponga fin a este impase y que permita que el Perú avance a una transición electoral lo antes posible. Esta opción aterroriza al Congreso que pugna por quedarse hasta el 2026. También inquieta a grupos legales e ilegales con intereses específicos en esta coalición, de la que pueden extraer prebendas, leyes, omisiones y otros favores, en el Congreso o el Ejecutivo.
Un Estado tomado por grupos que combinan intereses antidemocráticos, conservadores y mafiosos está en crisis por un caso de corrupción presidencial. Frente a ello, es un deber moral exigir la salida del poder de la presidenta Boluarte y que se inicie la transición en la que existirán más posibilidades de recuperación para el país. Extender la agonía de una coalición corrupta solo agravará la difícil situación de inestabilidad y seguirá minando la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.