El shock: Perú (1990) y Argentina (2023), por Omar Cairo
“En el Perú, diez años después de su inicio (el 8 de agosto de 1990), la política de shock colocó en situación de pobreza al 58,3% de los peruanos. En la Argentina, el futuro es incierto”.
El candidato Alberto Fujimori era un ingeniero agrónomo muy poco conocido en el núcleo de la clase política peruana. Durante su campaña electoral aseguró que, mediante una política gradualista, resolvería la catástrofe económica producida por el gobierno 1985-1990. Prometió acabar con la inflación “pero sin el shock”. Sin embargo, luego de obtener una sorpresiva victoria en la segunda vuelta frente al candidato Mario Vargas Llosa, y pocos días después de haber asumido la presidencia de la República, su primer ministro (el 8 de agosto de 1990) anunció que implementaría una política de shock. Como recuerda Pedro Planas, Fujimori había convertido “su seductora propuesta electoral en un paquete de medidas francamente inhumano”, que no guardaba “ninguna relación con lo ofrecido”.
El candidato Javier Milei era un economista estridente y mediático, pero ajeno al primer plano de la clase política de la Argentina. A diferencia de Alberto Fujimori, durante su campaña electoral aseguró que sí aplicaría una política de shock, y se autoproclamó anarcocapitalista, minarquista y libertario. Ganó la presidencia en la segunda vuelta electoral y, una vez que asumió su cargo, comenzó a aplicar un brutal ajuste económico. Su ministro de Economía, Luis Caputo (exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, es decir, un integrante de la “casta política” abominada por Milei), anunció a los argentinos: “Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en temas de inflación”.
El presidente Alberto Fujimori no contaba con una mayoría parlamentaria que lo respalde. El presidente Javier Milei tampoco. Sin embargo, ambos despotricaron con furor contra las instituciones (Congreso incluido), los partidos y los miembros de la clase política. Los presentaron como causantes de todas las desgracias que venían padeciendo sus países.
En la reunión de la CADE 91, el presidente Alberto Fujimori afirmó que, “teniendo en cuenta la profundidad y la complejidad de los problemas, quizá convendría que haya un emperador y que este pase por lo menos diez años resolviendo los problemas”. Poco tiempo después, en abril de 1992, perpetró un golpe de Estado que lo convirtió en dictador, y le permitió permanecer durante diez años en el poder. El presidente Javier Milei, por su parte, sostiene que, desde el año 1916 hasta hoy, la Argentina ha vivido un prolongado e ininterrumpido período de decadencia, en el que fue gobernada por una “casta” que se niega a perder sus privilegios. Además, luego de que se frustró la aprobación del proyecto de la denominada ley ómnibus, en la Cámara de Diputados, calificó a los parlamentarios como “traidores”, y llamó “extorsionistas” a los gobernadores provinciales.
Las políticas de shock de los presidentes Fujimori y Milei son contrarias a las constituciones políticas de sus respectivos países. Las medidas impuestas por el presidente peruano dejaron sin alimentos, sin educación y sin prestaciones de salud a miles de peruanos, a pesar de que la Constitución peruana de 1979 (vigente en 1990) reconocía sus derechos a la seguridad social (artículo 12), a la protección de la salud integral (artículo 15), a la satisfacción de las necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda y recreación (artículo 18), a la educación (artículo 21) y al trabajo (artículo 42).
Anticipando las medidas económicas de su programa de shock, que hoy está privando de alimento, transporte y salud a miles de niños y jubilados argentinos, el presidente Milei dijo —en su discurso inaugural— que el lineamiento de su Gobierno es el liberalismo, entendido como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, al mejor precio”.
Olvidó, por completo, que la Constitución argentina vigente no solo reconoce los derechos a la vida, a la libertad, y a la propiedad, sino también los derechos al trabajo, a la retribución justa, a la seguridad social, a la compensación económica familiar y al acceso a una vivienda digna (artículo 14 bis). Además, establece que corresponde al Congreso promover lo conducente al progreso económico con justicia social. Por eso, el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza) cometió un grave error cuando, recientemente, afirmó que los “únicos derechos son a la vida, a la libertad, a la propiedad”, y exigió sacar del vocabulario a la justicia social. Meses antes, el día que celebró los resultados de la primera vuelta electoral, Milei había exclamado que la justicia social es la máxima aberración del modelo de la “casta”.
En el Perú, diez años después de su inicio (el 8 de agosto de 1990), la política de shock colocó en situación de pobreza al 58,3% de los peruanos. En la Argentina, el futuro es incierto. En diciembre pasado, la inflación fue del 25%, y este mes de enero alcanzó al 20%. Esta vez, como también lo hizo cuando no logró la aprobación parlamentaria de su proyecto de ley ómnibus, Milei pretendió disfrazar de victoria al fracaso: proclamó que ambos porcentajes constituyen buenas cifras, al ser comparados con el nivel que la inflación habría alcanzado si su rival de la segunda vuelta electoral hubiera llegado al Gobierno. Mientras esto le sucede a su país, el presidente argentino se encuentra enfrascado en una prolongada polémica mediática con la cantante Lali Espósito, y dedicado con pasión a escribir tuits, para sentirse invencible en las discusiones —casi siempre triviales— que pueblan las redes sociales.
Cuando la salud, la educación, la vivienda y el trabajo de los peruanos sean componentes centrales (traducidos en medidas específicas, claras y concretas) de los programas de los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso, habremos empezado a cambiar. Cuando los gobernantes y los congresistas asuman esos programas como compromisos indestructibles, y la frivolidad haya abandonado el espacio público, el Perú será un país más justo.
En ese momento podremos invitar al pueblo argentino a seguir nuestro camino, y como en los versos de Martín Fierro, le diremos: “No hemos de perder el rumbo, los dos somos güena yunta”.