Combatir la desinformación: compromiso común, por Patricia Paniagua

Hace unos días, las revelaciones contenidas en la declaración de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y comprendido en la presunta red criminal liderada por la titular del Ministerio Público han confirmado que las campañas de desinformación son, como en antaño, las armas de desprestigio preferidas por un claro sector del espectro político en contra de quienes consideran sus adversarios u opositores y en contra del periodismo de investigación, independiente e incómodo a sus intereses subalternos.

Prueba de ello es que, de una declaración de 23 páginas, en las que el colaborador eficaz responde como testigo, y en la que se reafirma en sus dichos respecto a la actuación de Benavides con relación al control del Ministerio Público, el bloqueo de las investigaciones a su hermana, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y, más grave aún, sobre la coordinación e intercambio de favores con miembros del Congreso de la República para asegurarles impunidad a medida y, además, lograr la remoción de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), haya sido la alusión al periodista Gustavo Gorriti, fundador de IDL-Reporteros, la que haya merecido mayor ruido mediático y reacción en cadena de las hordas de desinformación, desprestigio y acoso.

Esto último, a pesar de que los dichos de Villanueva responden a la relación entre el periodismo de investigación y las fuentes, lo que no implica, en ninguna medida, delito alguno cometido por el periodista o por el medio del cual forma parte y, muy por el contrario, es esta peligrosa lectura la que responde a una estrategia orquestada que usa la desinformación como medio para la persecución y criminalización del periodismo de investigación.
Claramente, esta campaña tiene por propósito perturbar, obstruir y evadir la acción de la justicia en graves casos de corrupción, como el caso “Cócteles”, ad portas del juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados a la líder del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sindicada como líder de una organización criminal. En esa misma medida, busca demoler la poca institucionalidad que nos queda como país y que se mantiene en pie a pesar del ataque constante de sus círculos allegados, aliados en el poder y socios políticos, y, por supuesto, busca imponer, nuevamente, una narrativa mentirosa cargada de desinformación, difamación, negacionismo y posverdad.

Recordemos que los intentos por distorsionar la verdad y reescribir la historia no son nuevos, ha sucedido recientemente cuando pretendieron imponer su falsa narrativa de “fraude” o cuando han pretendido, a lo largo de estos años, con ánimo de venganza, desprestigiar la labor periodística de Gustavo Gorriti, referente del periodismo de investigación, sin mencionar que fue secuestrado y perseguido por la dictadura fujimorista, lo que le mereció una sentencia de 25 años de cárcel al ex reo Fujimori, y que en el tiempo más reciente ha jugado un papel determinante para la revelación de la corrupción y las mafias infiltradas en la política.

¿Qué podemos hacer como ciudadanía frente a estas campañas de desinformación? Para empezar, reconocer que la desinformación es un peligro real para la democracia al distorsionar el proceso de formación de opinión, desacreditar con base en información falsa y lesionar la confianza ciudadana. Segundo, podemos también promover y formar parte de una respuesta ciudadana y de la sociedad civil a este fenómeno a través de iniciativas de “fact-checking” o verificación que contribuyan a la denuncia y señalamiento de sitios y/o personas coludidas para estas campañas y alertar a otros usuarios sobre ello y, por supuesto, contrastar a menudo la fiabilidad de la información que consumimos.

Combatir la desinformación y reafirmar la verdad es una tarea que requiere del compromiso común, de sumar nuestra voz y acción, más aún en tiempos aciagos como los que nos tocan transitar.