Hay alcaldes que no merecen el puesto, por Pedro Castro Balmaceda

En Piura, las acciones más prioritarias, más urgentes y necesarias son las que menos importan, al contrario, nuestras autoridades están más preocupadas en construir un parque de las Aguas —en una desértica ciudad que no tiene agua— que en solucionar los problemas más apremiantes, obligatorios y necesarios para sentir que vivimos en una ciudad y no en una trocha carrozable con algunos centros comerciales y uno que otro edificio.

El argumento de muchos, porque me lo han dicho, es que la municipalidad de Piura no puede intervenir el centro de la ciudad porque se encuentra en litigio o a la espera de la aceptación de un proyecto de mayor envergadura. Eso es como argumentar que si no limpio mi cuarto y lo mantengo asqueroso, ruinoso y pestilente es porque estoy esperando que alguien más venga a hacerlo por mí. Nadie le pide al alcalde Gabriel Madrid y sus regidores que salgan a baldear la ciudad —aunque tal vez deberían hacerlo—, pero al menos se les pide que, mientras se logra el presupuesto solicitado al MEF o al GORE Piura, se esfuercen en señalizar, limpiar y mantener el centro de la ciudad ordenado, seguro y lejos de parecer zona liberada para la informalidad y una inmensa cochera de motos lineales.

Mientras tanto, en el balneario del Centro Poblado de Yacila, el alcalde, sus amigos y familiares han parcelado toda la playa y la han llenado de sombrillas y toldos, ambulantes y puestos de comida frente al mar, no han dejado ni un metro cuadrado libre para que la gente pueda llegar a sentarse libremente, pues es casi imperativo el alquiler si quieren acceder a la ribera. No contentos con eso, los fines de semana cierran el acceso principal para cobrar peaje a las personas que quieran ingresar con sus vehículos. La playa es ahora la chacra del alcalde y nadie puede evitarlo.

Entendemos que las municipalidades de centros poblados son experiencias de descentralización de atribuciones, servicios y funciones, pero no de recursos. Una descentralización política, mas no económica. Al parecer, esto termina siendo el argumento —falaz— de estas autoridades advenedizas, que buscan agenciarse ‘cómo sea’ de presupuesto, que saben que no tendrán que rendir cuentas jamás, porque ni está regulado por ley ni es parte de sus funciones. ¿Aló, alcalde de Paita? ¿Aló, Contraloría General de la República?