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Opinión

Destapes en el caso Valkiria

Sucesión de casos de corrupción que habrían sido manejados desde el Ministerio Público.

larepublica.pe
EDITORIAL

El caso Valkiria va abriendo un abismo de corrupción que nos permite visualizar, por lo pronto, que se generaron redes ilegales que promovieron campañas de descrédito contra periodistas, como es el caso del Sodalicio y los interminables procesos judiciales contra Paola Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Yovera. En este caso, se buscó influir en la investigación fiscal y las acciones judiciales dirigidas contra los hombres de prensa que investigaron objetivamente a la organización religiosa y pusieron en evidencia actos ilegales de sus líderes contra jóvenes a su cargo, a quienes afectaron en su integridad física y moral.

Los periodistas han respondido una y otra vez en procesos judiciales originados por denuncias insólitas, propiciadas al parecer desde la cumbre del Ministerio Público. En esta maquinaria organizada para destruir la credibilidad de los hombres de prensa, han colaborado también otros operadores y se tendrá que ver cómo fueron incorporados y a cambio de qué.

En el caso del plan orquestado para proteger a la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, que se evidencia en la investigación publicada en esta edición, se pueden conocer las diferentes coordinaciones que se llevaron a cabo para propiciar la impunidad de la cuestionada magistrada, acusada de haber gestionado libertades para acusados de narcotráfico a cambio de dinero, tanto en la investigación fiscal como en la ratificación judicial que se exige para apartarla del proceso.

Se ha conocido que incluso existía un plan de desprestigio contra el juez supremo César San Martín, si el caso llegaba a su sala. Ya tenían prevista la declaración de un juez para que sirviera de plataforma de la campaña tendenciosa. Las declaraciones del colaborador eficaz y exasesor de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, habrían permitido desmontar el plan encubierto propiciado por la defenestrada fiscal de la Nación y abre esperanzas para que en este caso se proceda a determinar con independencia y apego a la ley en el proceso contra la jueza Enma Benavides. Y se sancione si es que ella resulta responsable.

La predictibilidad de la ley y que todas las personas, tengan el cargo que tengan o la relación por amistad o lazo familiar que muestren, no queden fuera de la aplicación de la legalidad representan una aspiración de la ciudadanía.

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