La deuda pendiente con el campesinado

Según los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, en el solsticio de invierno se celebraba la fiesta del Sol, una fecha con la que los antiguos pobladores auguraban el inicio de una buena cosecha. Fue recién desde 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se renombró la jornada como Día del Campesino, animado por su aseveración de que 'la tierra es para quien la trabaja'. Sin embargo, más de medio siglo después, si bien la fecha conserva su fuerza simbólica, la deuda con el campesinado sigue pendiente.

Los números del pequeño productor son contundentes. El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2025-2027 del Midagri identifica a 2,1 millones de productores familiares en el país. De ese universo, aproximadamente 1,6 millones son productores de subsistencia, es decir, agricultores que cultivan sobre todo para alimentar a su propia familia y apenas logran vender parte de lo que cosechan.

Lo realmente duro es que ese grupo gestiona el 51% de las tierras agrícolas del país, pero su ingreso agrícola neto por miembro del hogar se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema. De hecho, el mismo informe sostiene que apenas el 5% recibe asistencia técnica y solo el 4% accede a financiamiento. A esa brecha se suma la falta de título de propiedad, que, según el propio Midagri, todavía afecta a 2,08 millones de predios rurales y cierra la puerta al crédito formal para miles de familias.

Paralelamente a esta situación, el Congreso liderado por el fujimorismo destinó buena parte de su energía legislativa a sostener beneficios para el otro extremo del agro. De ahí que la Ley Chlimper 2.0 haya sido ratificada con apenas 43 votos a favor, a pesar de las reiteradas alertas del Consejo Fiscal y de organismos multilaterales como el FMI sobre el forado fiscal que generaría. La norma fija una tasa de impuesto a la renta de 15% para las empresas agrarias hasta el año 2035, plazo tras el cual recién tributarán bajo el Régimen General con una tasa de 29,5%, igual a la del resto de sectores económicos. Al respecto, el MEF proyectó un costo fiscal de S/826 millones anuales solo por esa reducción de tasa.

Esa realidad merece ser atendida y mejorada. En ese espíritu, el Inti Raymi debería recordar a los hacedores públicos que la agricultura sostuvo a la civilización andina gracias al esfuerzo colectivo y la reciprocidad. Honrar esa herencia exige que el próximo gobierno equilibre esa balanza y lleve a la agricultura familiar al menos una fracción del respaldo fiscal que el Congreso ya demostró saber otorgar cuando la voluntad política existe.