El 7 de diciembre

El Poder Ejecutivo y la bancada de Fuerza Popular han presentado iniciativas para declarar el 7 de diciembre como el Día de la Institucionalidad, Estado de Derecho y la Defensa de la Democracia. La fecha es para recordar una ocasión decisiva en la que el país pudo librarse de un golpe militar. Este proyecto de ley enviado al Congreso es espejo de uno similar presentado por Tania Ramírez, la congresista de Fuerza Popular.

El inicio del periodo de gestión de Dina Boluarte coincide con esta fecha, ya que se produjo una intentona de quiebre de orden constitucional por parte del expresidente Pedro Castillo. Ante la situación, se procedió a declarar al mando del Gobierno a la vicepresidenta de la fórmula de Perú Libre.

Su designación y las declaraciones con ocasión de su asunción del mando, en el sentido de que su Gobierno se extendería hasta el 2026, generaron una ola de protestas en el país. La violencia ganó las calles y la represión policial y militar provocó la muerte de 69 personas. Se ha señalado que por lo menos 49 de ellas eran civiles desarmados cuyos decesos, hasta el momento, no son investigados con esmero por parte de la Fiscalía de la Nación, que está empeñada en ponerles un manto de impunidad a estos crímenes.

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La administración de Boluarte ha cedido poder de decisión al Congreso que, a cambio de permanecer hasta el 2026, ha ido reforzando su preeminencia sobre el resto de poderes del Estado, lo que afecta el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática, como el desmantelamiento de la Sunedu, en el que el Ejecutivo orquestó desde el Minedu esta captura; la anunciada toma de los entes electorales; las maquinaciones para provocar la dimisión de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, denunciados por “faltas graves” inexistentes por no estar tipificadas en ninguna parte.

El Gobierno al proponer esta celebración del 7 de diciembre, en alianza con una mayoría del fujimorismo y sus aliados, están desconociendo un contexto complejo que difícilmente podría ser descrito como democrático. En el exterior, la validez de que el Perú no cumple con estos estándares internacionales es clara. En el país, las encuestas de opinión pública permiten visualizar la falta de legitimidad del Congreso y del Ejecutivo.

No parece oportuno un gesto provocador por parte de ambos poderes, que incitan a una reacción adversa de un 90% de la población que no apoya la gestión actual, básicamente porque no considera que esté haciendo un buen trabajo.