Parque de la Democracia, por Patricia Paniagua

El 28 de julio del 2000, en el marco de las protestas contra la dictadura fujimorista y su fraudulenta re-reelección, un incendio provocado por este régimen criminal tuvo lugar en las que eran las instalaciones del Banco de la Nación, ubicadas en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Lampa, en el Centro de Lima. Seis trabajadores de esta institución murieron a causa de la sucesiva explosión de artefactos y la incontrolable propagación del fuego. El régimen en el poder no tardó en culpar a los manifestantes de este hecho y desacreditar el reclamo ciudadano por democracia.

En el año 2009, la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima encontró culpable al exasesor presidencial de la dictadura fujimorista como autor mediato de este hecho, y fue condenado a 10 años de prisión. Del mismo modo, fue condenado a seis años de prisión efectiva el exjefe de la Policía Nacional.

Caída la dictadura y restituida la democracia en nuestro país, parte de la tarea pendiente era crear memoria sobre lo sucedido y generar condiciones de pedagogía social orientadas a garantizar la no repetición de hechos de esta naturaleza nuestro país. Es así que se crea en este espacio físico el denominado “Parque de la Democracia” para rememorar no solo la valiente gesta ciudadana en la tarea de recuperar la democracia, sino también la irreparable pérdida de seis vidas a manos de un régimen perpetrador de crímenes de lesa humanidad, violador de los derechos humanos y corrupto.

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Este espacio ha sido cambiado de nombre por una decisión del Concejo Municipal y de la autoridad edil actual, que se condice con el ánimo de una gestión que abraza la desinformación, el negacionismo y la posverdad. Corresponde a la ciudadanía afirmar el relato veraz de la historia, con absoluta fidelidad a los hechos, para la creación de conciencia, sobre la importancia de hacer un ejercicio de memoria que garantice no repetición y que inspire, sobre la base de la verdad, tiempos mejores para nuestro país.

Valdría la pena mirar la experiencia de países como España o Argentina que posicionaron en el debate sus políticas de memoria y que cuentan con un marco normativo que preserva y conserva los espacios de memoria por su valor testimonial y su aporte a la sociedad.

Caminar hacia una Ley de Memoria Democrática, como la de España, en la que se entienda el derecho ciudadano por memoria, como reconstrucción del pasado en el momento presente, y se apueste por la construcción de una memoria democrática que sea base firme para la generación de una verdadera cultura democrática.

En tiempos tan difíciles como los que transitamos, en que la historia parece repetirse, hacer memoria siempre será un ejercicio valiente que nos corresponde a todos como ciudadanas y ciudadanos, y que está por encima de las nomenclaturas que decidan inconsultamente las gestiones de turno.