Estamos solas, por Cynthia Cienfuegos

Que el Perú es un país que no protege a sus niñas y mujeres, ya lo sabemos. Y que esta situación alcanza, de manera crítica, a las niñas y mujeres de los sectores y grupos más vulnerables e históricamente excluidos, también lo sabemos. Lo que ahora nos preguntamos es por qué lo permitimos y hasta cuándo.

En agosto del año pasado, una niña de 13 años del caserío de Piruro, en Huánuco, murió dos horas después de dar a luz. En julio de este año, llegaba la noticia de una niña awajun en estado crítico, víctima de violación sexual por parte de su padrastro. En agosto, una menor indígena de 10 años fue rescatada mientras la trasladaban a Ecuador para “contraer matrimonio” con un hombre de 50 años. Hace unos días, Betsy Mallma, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, fue acribillada por unos sujetos. Mientras tanto, un diputado del partido de Renovación Popular intervino y “fiscalizó” el proceso de un aborto terapéutico a una paciente en Abancay, para después declarar que “enhorabuena se ha salvado una vida” —y no lo decía por la gestante.

Hoy, la violencia contra las niñas y mujeres peruanas se libra en sus propios cuerpos. Ese espacio personal e íntimo que es nuestro y sobre el cual debemos tener completa autonomía está en manos de los agresores, de las redes criminales y de políticos que se sienten con el derecho y la superioridad moral de decidir por nosotras.

Nos hemos cansado de repetir que estas violencias son estructurales. Es decir, hay un sistema que las sostiene, hay condiciones que las reproducen y hay una sociedad que las normaliza. La vulnerabilidad de las niñas y mujeres se agudiza cuando aparecen factores como las distancias geográficas, la falta de conectividad, la falta de acceso a educación, la dependencia económica o las barreras lingüísticas. Ya en la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES 2024) se muestra que el 56,5% de los hombres de 18 años a más justifican la violación sexual, y el 75,7% de hombres y mujeres toleran algún tipo de violencia contra la mujer.

¿Nos quieren decir que ya ni siquiera las mujeres pueden tener derecho a acceder a un aborto terapéutico, que es legal hace más de cien años, sin ser estigmatizadas y acosadas? ¿Nos quieren decir que, al dolor físico y al shock emocional, las mujeres tienen que soportar la exposición de nuestros datos privados y la fiscalización política de grupos conservadores sobre nuestros cuerpos?

Esta ola de violencias sobre los cuerpos de las niñas y las mujeres más vulnerables y pobres del país debe interpelarnos. Pero no hay respuestas, y mucho menos decisiones políticas. Estamos solas.