Amenazas a la extinción de dominio
El proyecto impulsado por el fujimorismo podría generar impunidad y blindaje del delito.
El juez supremo Manuel Luján, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, un proceso cuyo fin es hacer al Estado titular de bienes patrimoniales obtenidos de forma ilícita, ha dirigido un mensaje a la representación parlamentaria para que desista del proyecto de ley que pretende terminar con esta herramienta legal que permite la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado.
Según el PL, el cual es impulsado por el fujimorismo, que está detrás de su elaboración y su aprobación, ya no se podrían incautar bienes si no hay sentencia, ni tampoco a personas que fallecieron. Esto proviene del dictamen 3575 del 2022 que se ha incluido en el paquete de seguridad ciudadana y que debatirá el Congreso.
Existen juzgados especializados en extinción de dominio cuyo proceso es autónomo e independiente del penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral. Esta característica le permite avanzar por cuerdas separadas del juicio y preservar los bienes que hayan sido obtenidos ilícitamente, mediante delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera y tributaria, minería ilegal y otras irregularidades con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada.
Esta iniciativa de Fuerza Popular cuenta con el voto aprobatorio de la Comisión de Justicia (esa que se va a arrogar la investigación sumarísima de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia) y ha sido incluida con apremio en un pleno que nada tiene que ver con el proyecto en cuestión.
Los intereses particulares detrás de este proyecto saltan a la vista. Se trata de generar impunidad y garantizar la actividad ilegal y el enriquecimiento proveniente de ella para que se blinde a quienes delinquen y que ahora quieren proteger sus bienes. El juez supremo ha sido extremadamente claro sobre el origen de la iniciativa, la motivación y los resultados que podrían provocar. Otra muestra más de la principal preocupación de algunas bancadas.