Justicia que tarda y que abusa, por Augusto Álvarez Rodrich

Además del calamitoso Congreso que no cesa de ofrecer expresiones del abuso descarado del poder para beneficio particular de sus integrantes, lo que, sin duda, tiene un impacto negativo muy fuerte para ahondar el desprestigio de la democracia, el fracaso de algunos procesos de corrupción de casos políticos muy sonados constituye otra fuente de frustración y de perjuicio para la sociedad.

Ya casi no hay día en que no se registre una nueva evidencia de este fenómeno. Por ejemplo, el domingo La República informó que el caso ‘Cócteles’, que implica a Fuerza Popular y Keiko Fujimori, está en riesgo porque el expediente está desordenado e incompleto, lo que impide el trámite oportuno de 67 apelaciones y sobreseimientos que datan de 2021. El retraso por falta de personal para poder digitalizarlos postergaría el caso hasta al menos 2024.

Otro ejemplo es el pedido del Ministerio Público para ampliar por 36 meses adicionales la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el caso ‘Gasoducto sur’, aduciendo que se trata de un caso complejo.

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El problema es que esto implicaría 9 años de investigación en el Ministerio Público, que se suma a otro proceso iniciado en 2014 por donaciones de campaña que apunta a un lavado de activos inexistente por no estar previsto en la ley. Keiko Fujimori enfrenta un proceso similar por denuncias que carecen de sustento legal.

Asimismo, Ricardo Uceda demostró con contundencia en El Informante de El Comercio, el abuso del fiscal Domingo Pérez contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que no es el único. Por ejemplo, el caso Andahuasi comentado en este espacio hace poco.

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Justicia que tarda no es justicia, pero en el Perú no solo es un problema de tiempos sino de abusos evidentes que, por un lado, implican serios perjuicios a mucha gente cuyas vidas son ‘estacionadas’ por la mediocridad y mala fe de los responsables de conducir los procesos, y que, por otro lado, profundizan la desconfianza ciudadana en las instituciones, a vista y paciencia de quienes entienden la lucha anticorrupción como instrumento de acción política alineado con sus intereses y creencias, y no como un objetivo en sí mismo.