Cuando la plata no alcanza, por Miguel Palomino

Hoy voy a hablar del presupuesto público y de cómo va a hacer el gobierno de Dina Boluarte para poder atender las innumerables y costosas promesas que hizo en su reciente discurso de Fiestas Patrias. Independientemente de si estas promesas son o no buenas ideas, lamentamos informarle que no hay forma en que el presupuesto público alcance para cumplirlas. Veamos.

En los primeros seis meses de este año, los ingresos totales del gobierno se han reducido en 12% en términos reales, su segunda mayor caída en veinte años. Mientras, los gastos totales del gobierno, también en términos reales, han disminuido también, pero en solo 0,5%. Claramente el problema entonces es la reducción de los ingresos, ya que los gastos no han variado significativamente.

No es que deba sorprender la disminución de los ingresos. Se esperaba que este año los ingresos de la minería se reducirían sensiblemente del nivel récord que tuvieron en el 2022. Así, cerca del 60% de la reducción de ingresos se debe a menores impuestos mineros debido a los menores precios internacionales de los metales. La disminución de impuestos ha sido, sin embargo, aun mayor a la esperada debido al pobre crecimiento de la economía (se estima un crecimiento de cero o ligeramente negativo del PBI durante el primer semestre).

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Este débil desempeño de la producción nacional se ha debido parcialmente al efecto de las protestas que no dejaron trabajar a gran parte del Perú, lo cual ha tenido un costo estimado en aproximadamente 1,5 de caída en el PBI. A esto debe agregarse el efecto de las protestas al contraer la inversión privada por el equivalente de alrededor de otro punto del PBI.

Usando las cifras del Consejo Fiscal, estimo que el menor crecimiento por las protestas habría explicado otro 20% de la caída en la recaudación. El resto de la disminución de ingresos viene principalmente por el clima, los menores impuestos a las importaciones y por exonerar ciertos bienes de parte del IGV, cortesía del Congreso.

Es importante tomar en cuenta que el Congreso, a punta de normas populistas, es una grave amenaza a la estabilidad fiscal. Recordemos que del 2020 al 2023, se multiplicó por 4 el total de leyes aprobadas por insistencia (es decir, luego de que fueran objetadas por el gobierno) y un alto porcentaje fue objetada por tener un impacto en las finanzas públicas. No hay ninguna señal de que esto vaya a cambiar en el futuro próximo.

Entonces, si a la grave situación fiscal le añadimos todo lo que prometió la presidente (que no estaba ya proyectado), tendremos que este año 2023 no hay posibilidad alguna de cumplir dichas promesas, no sin tener un déficit fiscal bastante mayor al que el mismo gobierno se fijó como meta fiscal: 2,4% del PBI.

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Así, sin sumar las nuevas promesas de gasto de la presidente, en junio ya vamos en un déficit de 2,6% del PBI y el déficit se tiende a agrandar conforme se acercan los gastos elevados de fin de año sin ingresos altos que los compensen.

Más bien la preocupación viene por el 2024. Si tomamos en cuenta que el consumo durante la pandemia ya utilizó la mayor parte del ahorro privado disponible y que el gobierno carece de los fondos que necesitaría para suplirlos, para el gobierno es indispensable darle un nuevo impulso al crecimiento económico.

Esto se traduce principalmente en crear empleo e ingresos a través de la inversión privada, la única fuente generadora de empleo. Darle estabilidad jurídica, que es lo que principalmente necesita la inversión privada, no requiere recursos fiscales (nada de subsidios a la empresa privada), requiere decisión.

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Así, con un gasto elevado, un Congreso dispuesto a elevarlo más y los ingresos que caen, no vemos más salida que impulsar el empleo a través de la inversión. Caso contrario, empecemos a rezar porque los precios de los metales vuelvan a subir, porque si no la plata no va a alcanzar.