
Vivir en una ciudad debería garantizar condiciones que protejan la salud y el bienestar de quienes la habitan. Una ciudad como Lima, no lo ha logrado, aún. En la comuna metropolitana y el Callao, la evidencia demuestra una triste realidad.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sostiene que más del 90% de los 250 puntos monitoreados supera los estándares de calidad ambiental para ruido. Y sobre este fenómeno sería importante revisar sus raíces históricas. Desde mediados del siglo XX, Lima creció bajo un modelo de expansión acelerada, impulsado por migraciones internas y acompañado por una débil planificación territorial. La ciudad se extendió sin criterios de zonificación eficaces, mezclando áreas residenciales con corredores de transporte pesado, comercio intensivo que desencaderon el surgimiento de actividades informales.
Durante las últimas décadas, el parque automotor se ha multiplicado sin una regulación proporcional. El transporte público adoptó formas fragmentadas y altamente competitivas, donde cada unidad disputa pasajeros en las calles. En ese contexto, el tránsito vehicular emerge como el principal generador de contaminación sonora, amplificado por la congestión y por la coexistencia de múltiples sistemas de transporte en una misma vía.
Al respecto, vale decir que la responsabilidad de esta situación recae en varios niveles del Estado. En primer lugar, las municipalidades, que concentran la competencia directa sobre la fiscalización del ruido, y su capacidad operativa resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.
Esto merece atención debido al impacto en la salud pública. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido genera pérdida auditiva progresiva e incluso alteraciones cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud ha establecido límites que garantizan condiciones adecuadas de vida, mientras amplias zonas de Lima y Callao operan por encima de esos umbrales.
Los ciudadanos sufren a diario esta exposición, por lo que ya se ha convertido en una amenaza estructural para la salud pública.
La construcción de ciudades habitables pasa por recuperar el control del entorno sonoro y situar el bienestar de la población en el centro de las decisiones urbanas.

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