El Estado como botín
Gobierno y Congreso mantienen gran impopularidad, revela estudio de opinión del IEP de julio.
La última encuesta del IEP que publica La República permite apreciar el deterioro del Gobierno y el Congreso de la República, pero también deja constancia de la firmeza de la posición ciudadana: adelanto de elecciones y el cese del Parlamento actual.
Un 80% de la población pide la salida del Ejecutivo de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones. Es una cifra que ya se mostraba en enero de este año, en un contexto de protestas sociales crecientes.
Los indicadores de la impopularidad de la presidenta son constantes, su desaprobación está por encima del 80% y su aprobación en un magro 14% que sigue en tendencia a la baja. Similar resultado va para el Congreso: de 10 personas, 9 están en desacuerdo con su gestión.
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La ciudadanía también critica los excesos de poder del Congreso, que ha destruido paso a paso la institucionalidad democrática, y en pared con el Gobierno, con base en cuoteos y arreglos, eligen personas no calificadas en cargos de envergadura o que administran enormes presupuestos.
Essalud, aún en su plena inestabilidad, es la evidencia de este extraño juego de intereses particulares del Gobierno, mientras se reparte el Estado como un botín con los aliados que encuentra en el Congreso y que le sirven para perpetuarse, mantener la corrupción y garantizar la impunidad.
Lo ocurrido con el Tribunal Constitucional, la Sunedu, los ministerios, la Defensoría del Pueblo y ahora Essalud, además de las amenazas contra la JNJ y los organismos electorales, es parte del mismo proyecto en el que están abocados tanto el Legislativo como el Ejecutivo, en el que se reparten los cargos públicos mientras se amarran en sus asientos, sin lucha contra la corrupción, cero rendición de cuentas ni explicación a la ciudadanía.
Todas estas acciones exasperan el ánimo de la opinión pública que sanciona este cúmulo de tropelías lesivas a los intereses nacionales y las expresa en protestas y en encuestas que ahora coinciden en señalar la impopularidad del régimen y del Congreso actual. Se trata de demandar atención a la gran mayoría que quiere el cambio de todos, sin excepción. Lo ocurrido en Essalud es una muestra de que al poder político no le importan los 13 millones de asegurados.
El canje de votos por apoyo en el Congreso ha dado lugar a designaciones de personas sin mayor preparación y proyectos con nombre propio.