¿Qué no hacer en la marcha del 19J?, por Ana Neyra

El 19 de julio se ha anunciado la “Tercera Toma de Lima”, marcha que busca una amplia convocatoria para, en la agenda común, expresar el rechazo de la ciudadanía al actual gobierno y Congreso, así como promover el adelanto de elecciones.

Este texto no planteará recomendaciones para evitar marchar o para que quienes protesten cambien su plataforma. Sería un enfoque similar a cuestionar a las víctimas de violencia de género por salir “solas”, usar ciertas vestimentas o ingerir bebidas alcohólicas, como parte de estas exigencias estereotipadas.

Es importante que las manifestaciones sean pacíficas, pero el “no hacer” debería centrarse en la Policía y las Fuerzas Armadas, que ya van presentando diversas acciones autoritarias, con evidente desproporcionalidad y con posible uso de la fuerza como primera alternativa hacia las y los protestantes.

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Entre lo que sorprende, siempre se encontrará también la diferencia de trato. Permitir marchas sin mayores restricciones a quienes defienden determinadas ideologías, provenientes de ciertos sectores políticos y económicos, mientras se reprime otras, a las que se penaliza, como supuestamente promovidas por personas cercanas al terrorismo, desmereciendo su carácter de legítima expresión ciudadana, que aboga por derechos, pero también por poder defender sus ideas políticas. Es posible discrepar con esa agenda, pero no puede privarse a la ciudadanía de expresar sus discrepancias políticas como ejercicio del derecho a la libertad de expresión, siempre que no busquen la violencia o la vulneración de derechos de otras personas.

Preocupa además cómo ciertos grupos tradicionalmente violentos (como “La Resistencia”) son defendidos en su posibilidad de “manifestarse” (incluso con “puertas abiertas” desde el gobierno), mientras que a otros ciudadanos se les cuestiona no limitarse a aceptar prestaciones sociales, y casi se les increpa querer asumir una ciudadanía más bien política.

Pero no ha sido lo único que hemos visto en estos días. ¿Cuándo se normalizó que la policía salga de manera masiva y con armamento a las calles para demostrar fuerza? ¿Se pretende intimidar a manifestantes? ¿Por qué no se emplea todo este despliegue de fuerza frente a la delincuencia, en zonas de conocidos focos delictivos o para la prevención del crimen?

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¿Y desde cuándo se permite cuasi empadronar a quienes ingresan a Lima o a quienes realizan ciertas actividades encaminadas a participar en la marcha? ¿Y solo hay que impedir o controlar el ingreso de personas que llegan a Lima en buses, y no en vehículos privados? ¿No incorporamos así -nuevamente- sesgos clasistas y racistas y una perspectiva discriminadora en el control? Y ello es más grave porque -dado el centralismo del país- ingresar a Lima es muchas veces la única forma para acceder a oportunidades, formular pedidos y ejercer plenamente derechos.

Como ya muchos han señalado, según el artículo 205 del Código Procesal Penal, para el control de identidad policial debería al menos existir una necesidad justificada en la prevención del delito u obtener información útil para investigar este tipo de hechos. ¿Se puede presumir que toda la relación con estas marchas es -en sí misma- delictiva, terrorista y debe ser, por ello, deslegitimada, reprimida o proscrita?

Parece existir temor de las fuerzas del orden, que deberían garantizar que la manifestación se ejerza de manera pacífica y que todo acto de fuerza sea más bien residual, proporcionado y compatible con los derechos, lo que viene apoyado desde los más altos niveles del gobierno. Cada vez parece más claro que el “¿cuántos muertos más quieren?” de la presidenta representa la impronta de la represión del 19J, por lo que hay que estar alertas y también será frente a lo que habrá que exigir responsabilidades (directas y políticas).