Alcemos la mirada, por Martín Fariña von Buchwald

Hace pocos días, el doctor Natale Amprimo Plá publicó la columna 'Algo raro se está cocinando', donde critica —con razones atendibles— una propuesta normativa sobre el registro de centros de arbitraje y menciona, entre los centros que prestigian el sistema, el de Arequipa junto a los de Lima. Leyéndolo, uno queda con la impresión de que, salvo por la torpeza del legislador, todo está bien: el arbitraje funciona, los centros son serios, el sistema se cuida solo.

Pero alcemos la mirada. Cuando uno deja de mirar el expediente y mira Arequipa, Puno y Cusco desde la calle —no desde la mesa de partes—, la impresión es la contraria: hace falta una reforma profunda e integral de cómo se gestiona, con modernidad, la justicia en el sur andino, empezando por el arbitraje y sin invisibilizar a la gente.

Conviene recordar, además, que el doctor Amprimo no es un observador externo: él mismo declara integrar el consejo superior del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Su opinión es legítima, pero es la de un partícipe del ecosistema que vive de él, no la de un evaluador independiente. La pregunta de fondo no es si la justicia funciona para quienes la administran, sino si funciona para los arequipeños, cusqueños y puneños a quienes hemos invisibilizado.

La justicia bajo amenaza

Mientras Lima debate quién puede registrar un centro de arbitraje, en la periferia los operadores de justicia trabajan con miedo. Fiscales y jueces que investigan la minería ilegal reciben amenazas de muerte; tras los atentados contra sedes del Ministerio Público, muchos despachan a distancia o bajo resguardo: llegar a su propio despacho se volvió un riesgo. Y las fiscalías ambientales llevan años sin presupuesto para perseguir el delito.

A los periodistas les va peor: en 2025 fueron asesinados cuatro en el Perú y se registraron centenares de ataques contra la prensa, el peor año para el periodismo desde los noventa. Que la prensa denuncie las injusticias sin miedo no es un lujo: es parte integral de la justicia en una sociedad. Donde se asesina a los centinelas de la verdad, la impunidad deja de ser un accidente y se convierte en sistema.

Las preguntas incómodas

Alzar la mirada obliga a preguntas que el ecosistema legal prefiere no formular. ¿Por qué un abogado que defiende a mineros ilegales gana varias veces lo que ganan el fiscal que los investiga, el juez que los juzga y el periodista que los denuncia? ¿Cómo se explica que un árbitro en Lima, con corbata y aire acondicionado, cobre mucho más que el fiscal amenazado de muerte en Arequipa o Puno por hacer su trabajo? Cuando defender la ilegalidad paga más que perseguirla, el sistema dice con nitidez qué valora y a quién sirve.

Y la pregunta de fondo es más dura: ¿sirve nuestro sistema de justicia —incluido el arbitral— para dar justicia a la gente o para silenciarla? Por eso importa poner luz sobre quiénes tienen influencia desmedida en los centros de arbitraje: si intereses específicos capturan sus decisiones, esos centros pierden independencia y terminan sirviendo a un interés, no a los arequipeños, ni puneños, ni cusqueños.

Las dos ciudades

Hace 16 siglos, san Agustín preguntó en 'La Ciudad de Dios': sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Para Agustín, la justicia verdadera no era cumplir leyes: un Estado puede tener poder, riqueza y procedimientos, y haber perdido su legitimidad si no se orienta al bien común. La injusticia nace de un desorden en los amores —el ordo amoris—: cuando una sociedad ama más el poder, la riqueza y el prestigio que los bienes superiores, la justicia se corrompe aunque los tribunales sigan funcionando. Y no hay justicia donde se niega la verdad.

El corazón del libro es la imagen de dos ciudades que conviven, entrelazadas, en toda sociedad. La Ciudad de Dios se funda en el amor a los demás hasta el olvido de sí: es la ciudad de quien sirve. La Ciudad Terrena se funda en el amor desordenado de sí mismo hasta el desprecio del prójimo: es la ciudad de quien se sirve. En el sur andino, ambas tienen rostro. A la primera pertenecen el fiscal que despacha escondido, el juez que no se vende y el reportero que publica sabiendo lo que arriesga. A la segunda, quienes lucran con la ilegalidad y quienes la blindan con formas legales. Ninguna sociedad alcanza la justicia perfecta, advertía san Agustín, pero se aproxima a ella cuando promueve la verdad, la paz, la virtud y el bien común. La pregunta es cuál de las dos ciudades está ganando en el sur andino.

Pregúntate si hay justicia verdadera en San José de La Joya, en Arequipa, donde los vecinos denuncian vivir junto a un depósito de relaves, respirando polvo metálico, mientras la empresa denunciada ante la OEFA desde hace años sigue exportando oro a los Emiratos Árabes Unidos; en Islay, donde una azucarera allanada por presunta adulteración sigue operando sin que nadie responda; en La Rinconada, donde conviven minería ilegal, mercurio y trata de personas ante un Estado ausente; o en Juliaca, convertida en la gran plaza comercial donde ese oro ilegal se acopia, se blanquea y entra a la cadena formal a la vista de todos. El patrón es siempre el mismo: denuncia, titulares y, años después, nada.

La Ciudad Terrena tiene cifras: la anemia infantil supera el 70% en Puno, el 45% en Cusco y bordea el 37% en Arequipa; la pobreza alcanza al 38% de los puneños. Un sistema judicial que funcione no es un accesorio de estas cifras: es parte integral del bienestar de una sociedad. Cuando los honorarios de quien defiende la ilegalidad valen más que la vida de quien la persigue, el ordo amoris está invertido. No se puede pretender que todo está bien porque les va bien a ciertos intereses.

Una valiosa profesión que se ha perdido en el Perú

Y aquí hay que decir algo que duele: la profesión del letrado es esencial para el bienestar social —sin abogados íntegros no hay contratos confiables, ni propiedad segura, ni débiles defendidos— y, sin embargo, nos hemos perdido. Una profesión nacida para servir a la justicia no puede medirse por cuánto factura defendiendo lo indefendible. La reforma, por eso, no puede limitarse a normas y registros: debe alcanzar a quienes ejercen el Derecho. Eso exige reestructurar los Colegios de Abogados para que sean garantes éticos y no gremios de protección mutua; repensar las Facultades de Derecho; y recertificar periódicamente a todos los abogados peruanos, evaluando no solo el conocimiento de la ley, sino algo más importante: que la abogacía existe para servir al país y no a nosotros mismos.

Para esa reforma educativa, la pedagogía ignaciana ofrece una brújula probada, y nadie la formuló mejor que el padre Pedro Arrupe. En 1973 pronunció el discurso que transformó la educación jesuita: hay que formar “hombres y mujeres para los demás”. Recogía, en clave moderna, una intuición agustiniana: la persona plenamente realizada no es la que acumula poder o éxito, sino la que pone sus talentos al servicio de algo mayor que ella misma. Su advertencia parece escrita para la abogacía peruana: la excelencia académica no basta, porque el talento sin valores puede servir a fines egoístas; la vocación debe expresarse en justicia, entendiendo las causas de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

De Arrupe, nuestras Facultades de Derecho deberían tomar tres lecciones. Las experiencias que transforman: no basta estudiar los problemas sociales en un aula climatizada; el futuro abogado debe encontrarse con quienes los viven —pisar La Rinconada, conocer La Joya, La Pampa y Pataz— antes de recibir su título. La educación integral —la cura personalis de san Ignacio—: formar toda la persona —intelecto, carácter, vida espiritual, liderazgo y sensibilidad humana—, junto al magis (no preguntarse qué es legalmente defendible, sino qué es lo mejor para el bien común) y al discernimiento de si, en cada encargo, se sirve a la justicia o solo a un cliente que paga bien. Y la medida del éxito: una facultad o un colegio profesional no vale por cuántos graduados llegan al poder, sino por cuántos sirven a los demás. Un abogado formado así no necesita que un registro estatal lo vigile: lleva el tribunal dentro.

Auditar, no autocertificar

Alguien dirá que el centro de arbitraje de Arequipa ya cuenta con certificaciones ISO de calidad, antisoborno y seguridad de la información. Bien por ello. Pero esas normas certifican sistemas de gestión, no la imparcialidad de los laudos ni la sanidad de las relaciones entre los actores del arbitraje: es la diferencia entre tener un manual de ética y cumplirlo. El sur andino necesita la evaluación recurrente de un certificador internacional independiente, ajeno al ecosistema arbitral peruano, sobre lo que las ISO no miran: la transparencia real del sistema, su neutralidad y las comunicaciones de los árbitros con los abogados de los casos. Si el ecosistema arbitral de Arequipa es tan sano como afirman quienes lo integran, una auditoría así solo lo prestigiaría. Si no lo es, los ciudadanos del sur tienen derecho a saberlo. Arequipa se merece un ecosistema de arbitraje de excelencia.

Una reforma profunda e integral

Urge repensar dónde estamos y dónde queremos estar para emprender una reforma profunda e integral de la justicia en el sur andino: proteger de verdad a los fiscales y jueces amenazados y remunerarlos para retener al mejor talento; garantizar que los periodistas informen sin pagar con su vida; corregir los incentivos que premian a quien defiende la ilegalidad; transparentar quién manda —y para quién— en los centros de arbitraje; y reformar la propia profesión legal: sus colegios, sus facultades y la certificación regular de quienes la ejercen. Empezar por el arbitraje tiene sentido porque es lo más acotado, medible y realizable: la primera cuota de una reforma mucho mayor.

El doctor Amprimo pregunta, con suspicacia justificada, a quiénes quiere beneficiar el gobierno con sus cambios normativos. Es una buena pregunta. Permíteme devolverla con otra, más vieja y más honda: ¿hay justicia verdadera en el sur andino, o solo las formas de la justicia? San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden: el orden justo donde cada cosa ocupa su lugar y el amor se dirige a los bienes verdaderamente valiosos. El sur andino no tendrá paz mientras ese orden siga invertido: mientras un fiscal amenazado de muerte gane una fracción de lo que cobra quien defiende a sus amenazadores, mientras un reportero viva escondido por contar la verdad y mientras nadie independiente audite el statu quo. Arequipa, Cusco y Puno merecen algo mejor que la impresión de que todo está bien: merecen que alcemos la mirada. Y que elijamos, de una vez, en cuál de las dos ciudades queremos vivir.