Sin ley de alimentación saludable, por Carlos Bessombes

En el 2021, un estudio de la FAO nos advertía que el 51% de la población (16,6 millones de peruanos) vive en situación de inseguridad alimentaria y que el 20% de ese grupo sufre inseguridad alimentaria aguda.

Antes de la pandemia, el Perú estaba por encima de los 8 millones de personas en esta condición. Eso quiere decir que con la COVID-19 se duplicó el número de personas que están en inseguridad alimentaria.

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La FAO también advirtió que este problema va de la mano con un aumento acelerado de la pobreza. Según el INEI, en 2019 el 20,2% de la población estaba en situación de pobreza; en 2020 aumentó a 30,1% y si bien en 2021 bajó a 25,9%, en el 2022 volvió a aumentar y afectó al 27,2% de la población, manteniéndose por encima de su nivel prepandemia.

La mayoría de los indicadores de la inseguridad alimentaria están al alza, como la anemia, el sobrepeso y la obesidad, todo ello debido a que más de la mitad del país no puede acceder a una dieta saludable. Esta situación no deja más alternativa que el consumo de alimentos ultra procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas saturadas perjudiciales para la salud.

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La semana pasada el Congreso (a través del proyecto de ley 3933 promovido por Acción Popular) y el Ejecutivo alinearon pensamientos para que la Ley de Alimentación Saludable sea letra muerta. Y es que para efectos prácticos el Reglamento y el Manual de Advertencias de la Ley de Alimentación Saludable se modificó, por sexta vez desde 2020, para legalizar de manera definitiva los octógonos adhesivos, en lugar de llevar una advertencia impresa. Esto era solicitado incesantemente por la industria.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) ha solicitado al Poder Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Salud (Minsa), que reconsidere esta decisión.