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Opinión

El JNE en peligro

Presidente del órgano electoral del país pide medida provisional a la Corte IDH.

larepublica.pe
Editorial

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado que la medida cautelar dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —organización que agrupa a países integrantes de la OEA— escale a una disposición provisional dictada por la Corte Interamericana en defensa de la independencia y autonomía que debe garantizar la labor del JNE y sus miembros.

Este pedido se ha realizado conforme el avance de acontecimientos en desmedro del ejercicio de fiscales y jueces sometidos al control político por decisiones jurídicas, que siempre estuvieron garantizadas. Actualmente, el Congreso de la República avasalla estas decisiones y las evalúa bajo criterios que no están definidos en ningún marco legal.

Ha sido la situación que enfrenta la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos, la que ha impulsado un pronunciamiento conjunto de los jueces de primera y segunda instancia y está movilizando también una Sala Plena, convocada por los miembros de la Corte Suprema, para manifestarse al respecto.

Esta condición de alto riesgo que vive la justicia en el Perú está motivando esta solicitud del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Salas Arenas, quien ha señalado que no es tema de personas, sino de condiciones en las que se debe impartir justicia y legalidad.

Son serias las amenazas contra el Jurado y su presidente, a quien pretenden acusar de infracción constitucional y además quieren someter a juicio político, sin respetar el debido proceso y la propia independencia de poderes que, en el caso del sistema electoral, no puede recibir ni tener sesgos políticos.

El llamado a la medida provisional efectuado por el JNE al sistema interamericano de justicia nos coloca ante el ámbito internacional como un país con una democracia amenazada por el Poder Legislativo en contubernio con el Ejecutivo para menoscabar la institucionalidad.

Se trata ahora de defender la democracia, proteger y resguardar a sus instituciones, en especial a las que están siendo vulneradas por las ambiciones de poder de una coalición autoritaria.