La alianza mafiosa sigue avanzando, por Augusto Álvarez Rodrich

La inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos es un paso decisivo para controlar el Ministerio Público, y constituye un parteaguas grave en la desinstitucionalización en marcha en el Perú por parte de una alianza mafiosa que quiere capturar instituciones claves para dominar decisiones judiciales y electorales, y facilitar sus negociados.

La pata de cabra fue acusar a Ávalos por una decisión propia de su ámbito de fiscal: abrir y suspender hasta el fin de su mandato la investigación por corrupción a Pedro Castillo, con la que se puede estar a favor o en contra —esta columna discrepa de esta—, pero lo que resulta inaceptable, pues quiebra la institucionalidad, es que se sancione a un magistrado por su criterio jurídico, el cual debe ejercer con autonomía e independencia del poder político.

Fiscales y jueces están notificados de que, si quieren seguir en el cargo, deben consultar sus decisiones a congresistas como Patricia Chirinos o Gladys Echaíz, voceras visibles de la alianza que anteayer dio un paso importante.

PUEDES VER: El Congreso embiste contra el Ministerio Público e inhabilita a Zoraida Ávalos

Han consolidado el control que ya tenían con un alfil de la alianza, la fiscal de la nación Patricia Benavides, quien aprovechará la salida de Ávalos para intereses personales como proteger a su hermana, y para asegurar el control del MP vía nombramientos, recordando a Blanca Nélida, su predecesora.

El control de una entidad ya tan politizada como el MP se suma al dominio de un TC nombrado con la obvia finalidad de desbalancear la institucionalidad a favor del Congreso; y de la defensoría del pueblo para servir de comparsa. Los siguientes pasos son intervenir la Junta Nacional de Justicia para, desde ahí, alinear al JNE, ONPE y Reniec, además de meter con ganzúa una bicameralidad amañada, y, en el camino, servir a intereses como los que hundirán más la educación peruana, además de amenazar al periodismo.

PUEDES VER: Susel Paredes: "La Fiscalía está por ser capturada; el TC ya lo fue, igual la Defensoría"

En la ejecución del plan confluyen los extremos del fujicomunismo de Keiko y Vladimir, la ultraderecha del Congreso (Renovación, Podemos), el centro de APP y AP, y la complicidad del gobierno de Boluarte, dispuesta a todo solo por retener el poder, así como de una sociedad civil y las ONG lavabanderas que hoy solo gritan contra Dina sin advertir, o por encubrir, por ideologización idiota, todo lo que está pasando.