La presidenta Dina Boluarte ha decidido quedarse en Palacio de Gobierno hasta julio del 2026. Considera que ha conseguido estabilizar el país y que lo enrumba por buen camino. Al parecer, para ella Lima es el Perú, y cree que su tácita o concertada alianza con el Congreso de la República la pone en buen pie de alguna manera para ese propósito.
Los hechos, sin embargo, muestran las cosas de manera muy diferente. El país está seriamente lesionado y dividido, al punto que ni el Estado ni las Fuerzas Armadas pueden ejercer autoridad en la región Puno. En Puno no flamea el pabellón nacional. Flamea un pabellón enlutado que reclama justicia por los cientos de víctimas de las protestas sociales.
Ningún funcionario del gabinete ni la misma presidenta Boluarte pueden poner un pie en esta región, el principal bastión de la oposición a su Gobierno. Actitudes similares, aunque menos beligerantes, se expresan en otras regiones o poblados del sur andino. La población no está dispuesta a dejar pasar por alto este grave pasivo contra los derechos humanos de la sucesora de Pedro Castillo.
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En las regiones de la costa norte del país y principalmente en Piura el resentimiento contra Boluarte es general. El fracaso del Gobierno es clamoroso ante la epidemia del dengue que cada día cobra más víctimas. La población se siente completamente abandonada por el Gobierno que hasta la fecha no consigue mostrar una estrategia y planes inmediatos para detener la expansión de los contagios y ampliar la atención hospitalaria.
Y Lima también se resiente en su abandono por la dramática inseguridad ciudadana. En este campo, el Gobierno tampoco tiene respuestas eficaces más allá de la demagogia y las falsas promesas.
Boluarte avanza con pies de barro, protegida por el Congreso más mediocre y corrupto de la historia peruana.