Más Poder, por Marisa Glave

El Congreso no cesa en su afán de hacerse con el poder, de hecho, queda claro que quieren todo el poder. Esta acumulación es peligrosa para la democracia, pues viene generando candados institucionales que luego nos dejarán atados. Veamos lo que ya han logrado y lo que pretenden lograr.

El paso 1 fue hacerse del Tribunal Constitucional, para esto se requirió la conformación de un bloque conservador que unifique lo que parecía polarizado. La extrema derecha, con los partidos empresa y la izquierda autoritaria se aliaron para conseguir los votos suficientes. Seis nuevos magistrados fueron electos y ya vienen retribuyendo a sus electores.

Con el TC “amigo” el Congreso ha logrado validar el asalto a la Sunedu; arrinconar el control judicial y amedrentar a jueces que se atrevan a cuestionar la acción congresal, lo que les dio carta blanca para la elección del defensor del pueblo; y finalmente, romper el candado constitucional que prohibía al Parlamento tener iniciativa de gasto.

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Con estas sentencias el Congreso logró más poder y por supuesto lo ejerció inmediatamente. Por un lado, eligió al defensor del pueblo, que tendrá, junto al presidente del Tribunal Constitucional, el mandato para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que no es poca cosa, recordemos que la JNJ es el ente que sanciona a fiscales y jueces supremos, así como nombra a las y los nuevos magistrados. Es decir, es la puerta de entrada y de salida de la administración de justicia en el país.

Por otro lado, el Congreso ya arma anexos con proyectos de inversión a ser financiados por el MEF, como ocurrió con el último crédito suplementario aprobado. Poniendo en evidencia que la influencia política y el clientelismo pueden más que los criterios técnicos de priorización del gasto público. Todo esto frente a un MEF sumiso. 

Si a esto le sumamos el uso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como mecanismo de impunidad por un lado y de acoso político por el otro, veremos que el círculo se va cerrando.

Es justo en el marco de esta línea de acción del Congreso que debemos analizar el último proyecto de Jorge Montoya, que pretende la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). La Constitución actual dice explícitamente que este procedimiento solo puede ser iniciado por el o la presidenta de la república y solo luego el Congreso lo ratifica. Lo que el texto propuesto plantea es que sea el Congreso quien decida, quien tome la iniciativa y avance en esta denuncia. No guarda ya ni las formas básicas de división de poderes.

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La iniciativa es de un autoritarismo grosero, solo entendible en la lógica de acumulación de poder que tiene el Congreso, desapareciendo los contrapesos básicos de una democracia. Recordemos que solo los regímenes autoritarios y las dictaduras han buscado denunciar a la CADH.