Socios en la impunidad, por Marisa Glave

Esta semana, la congresista Luque ha denunciado el bloqueo que hay en el Congreso para la instalación de la comisión encargada de investigar la afectación a los derechos humanos desde el 7 de diciembre en el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Esta es una estrategia de blindaje que se inició en enero de este año y que es importante poner en evidencia.

Recordemos que el 12 de enero, el Congreso aceptó el pedido de conformación de esta comisión investigadora, dada la presión social y el rechazo ciudadano al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden para reprimir las protestas. En un ambiente de alta convulsión social, con la prensa internacional reportando los abusos, el Congreso pretendió un gesto democrático al anunciar su voluntad de investigar.

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Sin embargo, en una maniobra dilatoria, la congresista Tudela presentó una reconsideración al acuerdo, dejándolo suspendido pues se acabó la legislatura. Recién el 3 de marzo, reiniciada la labor parlamentaria, se pudo votar la reconsideración. Esta fue rechazada y por tanto se confirmó la decisión de crear la comisión. Con esta estrategia se ganaron 2 meses de silencio.

Del 3 de marzo a hoy la comisión sigue sin instalarse. Esto es muy irregular. Solo 3 bancadas han presentado formalmente a sus miembros: Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular y Perú Libre. Pero 5 bancadas, es decir la mayoría, aún no presentan a los suyos. De esta manera, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Bloque Magisterial han logrado postergar 2 meses más el inicio de las investigaciones.

Pero la historia no queda acá. Dado que formalmente se ha aprobado la creación de la comisión investigadora –pese a que se está bloqueando deliberadamente su instalación– se usa como excusa, como argumento, para impedir que avancen otro tipo de investigaciones en el Congreso.

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El viernes pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar la denuncia que la propia Luque y otros congresistas presentaron contra Dina Boluarte, Otárola y otros ministros a los que encuentran responsables de infringir la Constitución, concretamente de no cumplir con el artículo 44 que exige que se garantice la vigencia de los derechos humanos.

El archivo de esta denuncia es francamente grosero. Se acaba de hacer público el informe de la CIDH que da cuenta de serias violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y prácticas que califican como masacre. Esto no puede negarse, por tanto ¿cuál es el argumento para el archivo? Que ya hay una comisión especial para esa investigación.

Cínicamente, Guerra García y Yarrow fueron los voceros de este argumento en la comisión. Por un por un poco de respeto a las víctimas debieran nombrar ya a sus delegados y permitir que esa comisión avance.