La CIDH, por Irma del Águila

El artículo de Francesca Emanuele, publicado el 22/1 en Noticias Ser, sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra “bajo sospecha” de parcialidad en la evaluación que realiza de las masacres perpetradas en Perú.

El texto denuncia la demora “altamente irregular” del informe final de los comisionados que viajaron al  Perú en enero. Además, se sugiere que la postulación que hace el Estado peruano de la comisionada Julissa Mantilla para una reelección constituiría “un intento de influencia del Gobierno peruano en las obligaciones de la CIDH”.

Ambos supuestos son muy graves y más graves si se emiten sin respaldo. Algunas precisiones. No, el retraso en la publicación de los informes finales de la CIDH no tiene nada de “inusual”, de hecho es lo usual. El caso de Colombia que cita Emanuele, cuyo “Informe final” se habría publicado “en menos de un mes” de la visita, es en realidad un documento de “Observaciones”. Se trata de dos instrumentos bien distintos. Un informe final, como el que se emitirá sobre los trágicos hechos en Perú, demanda de una evaluación mayor e incluye una interpelación al Estado cuyas acciones son puestas en cuestión. Un proceso largo que suele exceder 30 días. En el caso de El Salvador, tomó dos años (2019-2021).

Cierto, el delegado Stuardo Ralón “esperaba” tener el informe final en 30 días. Sin embargo, el Estado peruano todavía tiene que emitir sus descargos ante la CIDH. La publicación del informe se anuncia para abril.

Sobre lo segundo. La comisionada Mantilla fue propuesta para la reelección por Harold Forsyth, embajador nombrado por Pedro Castillo. En un contexto institucional, el Estado peruano buscaría mantener un(a) representante ente la CIDH. Esto hace parte de la política exterior de cualquier Estado.

PUEDES VER: Congresistas no fueron a Puno y cobraron por representación

Aquí la autora confunde política de Estado con ser instrumental al Gobierno Boluarte. En sentido estricto, Mantilla no es “útil” a los fines del Gobierno, porque está taxativamente impedida de opinar o siquiera tomar conocimiento de las discusiones sobre los informes de la CIDH que se ocupen del Perú (art. 17, reglamento de la CIDH).

A las imprecisiones y errores en los que incurre el artículo publicado en Noticias Ser, hay que sumar la poca credibilidad que se da a la trayectoria de la comisionada Julissa Mantilla, reconocida por quienes trabajan en el ámbito jurídico y de DDHH. Mantilla, que es la primera peruana en ocupar la presidencia de la CIDH, trabaja los casos vinculados a mujer, memoria, verdad y justicia. 

Es bueno que el trabajo de la CIDH sea objeto de escrutinio. Otra cosa es lanzar sospechas sin refrendarlas con hechos y socavar la credibilidad de su labor. La CIDH ha acompañado a las víctimas en casos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos. Es lo poco de institucionalidad que nos queda para encarar los atropellos del Estado como los perpetrados en el sur andino.