Aislamiento internacional y democracia a balazos, por Ariela Ruiz Caro

En el nuevo milenio el Perú no había aparecido en el radar internacional del grupo de los países más inestables y violentos del mundo. Poco queda de aquel puma que rugía en el cuarteto que conformaba junto con Chile, Colombia y México en la Alianza del Pacífico, vigente desde 2012, creada con el fin de contrarrestar políticamente a la Unasur y a un Mercosur que ese año incorporó a Venezuela después de su retiro de la Comunidad Andina cuando el Perú y Colombia suscribieron los TLC con Estados Unidos en 2005 y 2006, respectivamente. También, por cierto, a la Celac, creada en 2011.

La grave situación que vive el Perú —ralentización de la economía, creciente desempleo, incremento de la emigración, parálisis del turismo receptor— son una muestra palpable de ello. Generamos temor e inseguridad: “Antes de viajar al Perú, piensen en su seguridad y en la preocupación de los familiares que dejan”, advierten algunos comunicados de las cancillerías que alertan a sus ciudadanos sobre la situación.

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La semana pasada, los Gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá emitieron un comunicado conjunto en los que expresaron su preocupación por el aumento de amenazas y violencia ejercidas a periodistas locales e internacionales en nuestro país. El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió a la canciller Gervasi una comunicación de 21 páginas en la que le exige amablemente, pero con carácter de urgencia, dar respuesta a los graves hechos reportados a funcionarios de esa institución: uso excesivo de la fuerza que ha provocado un elevado número de muertes ilícitas, uso estigmatizante del terruqueo, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada, violaciones al debido proceso en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias de indígenas y población campesina, entre otros.

La OEA, en sesión extraordinaria del 30 de enero, emitió una declaración en la que exige la investigación por los hechos de violencia que han dejado 58 personas fallecidas (hasta entonces) y por las violaciones de los espacios académicos (San Marcos), sancionar a los responsables de las afectaciones de los derechos humanos y la pronta realización de elecciones generales. Este último pedido ha sido reiterado ayer por el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

El Perú ha sido rebajado de la categoría democracia defectuosa a la de régimen híbrido, caracterizada esta por una combinación de elementos democráticos y autoritarios, en el Democracy Index de 2022 elaborado por The Economist Intelligence Unit. Asimismo, las calificadoras de riesgo han rebajado las notas crediticias del Perú recientemente.

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Como estos prestigiosos entes usan un lenguaje apropiado, la Cancillería, el Gobierno y el Congreso enmudecen, al igual que muchos medios. Los temas centrales denunciados internacionalmente, sin cuya solución no saldremos de esta espiral degradante en el que nos encontramos, quedan invisibilizados detrás de discusiones inconducentes que evalúan la decisión de nuestra Cancillería de retirar embajadores en países de la región, en particular al de México. Ese Gobierno no reconoce a Boluarte como presidenta constitucional y, por lo tanto, no  le traspasa la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Lo realmente alarmante es la consolidación de un Gobierno cívico-militar de derecha al que poco le importan los derechos humanos y que piensa que las protestas se resuelven a balazos. Según el IEP, el Congreso solo tiene 4% de aprobación, la presidenta 15% y 88% de los ciudadanos claman por el adelanto de elecciones generales. De nada sirve retirar embajadores del vecindario regional, prohibirle el ingreso al país a Evo Morales, o declarar persona non grata a Gustavo Petro si no respetamos la voluntad popular y la separación de poderes, con un Tribunal Constitucional hecho a la medida del Congreso y una presidenta que huye de las citas a la Fiscalía.