ONU pide explicaciones

En una comunicación remitida por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos al Gobierno peruano, se detalla la información que ha sido recabada sobre muertes ilícitas en las protestas que tuvieron como escenario diferentes puntos del país, en especial en la Macro Sur. Este llamado de atención formulado por la organización mundial hace hincapié en lo ocurrido contra los manifestantes, reprimidos con gran violencia por las Fuerzas Armadas y la Policía.

No se trata exclusivamente de los casos de muertes durante las jornadas de protesta, sino denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los homicidios de algunas personas, entre ellas menores de edad. Estos casos han sido documentados por la oficina del Alto Comisionado, quien expresa su preocupación y exhorta al Gobierno a entregar información sobre las denuncias en 60 días como plazo.

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Estas respuestas que debe dar el Gobierno tienen que ver con información que permita establecer responsabilidades y determinar en cada caso individual de fallecimiento los hechos específicos de lo ocurrido. Es indispensable que este proceso se lleve a cabo de forma independiente y sin que exista ningún secretismo. Por el lado de organismos internacionales y nacionales que velan por los derechos humanos, se ha investigado exhaustivamente y se ha logrado documentar con videos y fotografías lo ocurrido en Apurímac, Ayacucho, Juliaca y Puno.

Medios de comunicación independientes, entre ellos La República, han investigado las pericias forenses, los informes de balística y las operaciones militares y policiales que se llevaron a cabo para determinar que la versión oficial de los hechos no es la realidad de lo sucedido.

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También en el informe preliminar realizado por Amnistía Internacional se ha incluido un tema que recoge el Alto Comisionado de la ONU. Es el referido a la discriminación de la que han sido objeto las poblaciones originarias, que han sufrido mayor represión como lo demuestra la estadística. A ello se suma la estigmatización de los defensores de DDHH, periodistas y opositores políticos, todos ellos agrupados bajo la acusación de “terrucos”.

El Alto Comisionado considera que todas estas acciones represivas del Estado son preocupantes porque podrían haber servido para atemorizar y disuadir a los manifestantes, lo que podría recortar el espacio cívico. El Gobierno debe responder, y pronto.