En respaldo de la Sunedu
Este lunes se presenta la acción de inconstitucionalidad en defensa de la calidad educativa.
El nuevo jefe de la Sunedu, Manuel Castillo, tiene una denuncia por corrupción en el Colegio de Abogados de Piura, ha sido parte de la Universidad Alas Peruanas y no se sabe de investigaciones conocidas, salvo una acusación por un delito en un concurso docente. Por tal razón no posee el perfil necesario para ocupar la máxima posición de la Superintendencia de Educación Universitaria.
Esto se desprende de su currículo, con el que ha pasado a ocupar el cargo luego de haber inhabilitado a la anterior directiva mediante la cuestionada designación realizada por Minedu, a la que se adicionaron los votos de las universidades públicas.
Este golpe contra la anterior directiva fue realizado por encargo del Congreso al TC, que dispuso la inconstitucionalidad de la Ley 31520 y permitió el desmantelamiento de la institución supervisora de la calidad de la educación superior para lograr su copamiento.
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Todo este movimiento para capturar instituciones se ha llevado a cabo con el aval del Gobierno de Dina Boluarte, que ha hecho lo que ningún gobierno anterior logró realizar: tomar por asalto la institución para dar paso a las universidades no licenciadas, abriendo el camino de retorno de la mediocridad y el negocio educativo sin criterios de calidad, excepto el del lucro.
Este lunes 27, el Foro Educativo presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31520 y ha pedido una nueva audiencia para que se revise lo actuado por el propio TC en el 2010 y que dio lugar a un fallo que determinó la imposibilidad de intervenir la Sunedu.
Esta acción está respaldada por casi 10.000 firmas de ciudadanos debidamente certificadas que reclaman que se permanezca la Sunedu tal como se mantuvo desde 2014, bajo la consigna de la meritocracia y sin el manejo político y partidario que ahora se pretende imponer.
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Es fundamental que la ciudadanía mantenga su posición vigilante para impedir el retorno de una gestión que refleja los intereses de los mercaderes de la educación; es decir, de aquellos que permitieron durante su mandato la existencia de universidades en locales de chifas o sin cumplir ningún criterio de calidad, constituyéndose en permanentes focos de estafas a padres de familia y alumnos. Solo una comunidad participante y una sociedad civil capaz de defender los avances logrados impedirán que se consolide esta contrarreforma que atenta contra los intereses públicos.
