¡Querrán callarlas y no podrán callarlas!, por Patricia Paniagua

En los últimos días hemos sido testigos de la difusión de contundentes evidencias de la letal represión del Estado, graves vulneraciones de derechos y uso excesivo de la fuerza, en el contexto de las manifestaciones ciudadanas iniciadas en diciembre del 2022.

A contundentes reportajes de investigación de la prensa alternativa, se les ha sumado el tajante informe preliminar de Amnistía Internacional, reconocida organización en materia de derechos humanos, que producto de sus investigaciones entre el 29 de enero y el 11 de febrero en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, señala que “el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas (…), constituyendo ataques generalizados”.     

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Este informe, basado en la documentación de los hechos, establece que “las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social”.

Se confirma, además, lo ya evidenciado desde numerosos análisis preexistentes: el innegable sesgo racista de la represión violenta y el ensañamiento manifiesto con grupos poblacionales que históricamente han sufrido discriminación. En esa línea, la situación de Puno ha merecido una especial mirada, territorio de nuestro país con alto porcentaje de población indígena, que concentró 17 muertes causadas por proyectil de arma de fuego y la única región bajo control militar.

Múltiples entrevistas a funcionarios del Estado, periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, ciudadanos, familiares y testigos presenciales, así como la verificación de 36 piezas de material fotográfico y videográfico, permiten a Amnistía Internacional establecer la existencia de evidencia suficiente que llevaría a determinar muertes arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales, lesiones y daños a la integridad física, investigaciones lentas y sin recursos suficientes para asegurar real impartición de justicia y la estigmatización de la manifestación ciudadana, punto trascendental frente a las protestas que se siguen sucediendo en el país y los abusos que registran a la fecha.

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La respuesta del Gobierno, sus aliados y quienes lo avalan con su silencio sigue siendo el intento de callar evidencias y voces ciudadanas de denuncia en calles y plazas. 

Como reza parte de la segunda y la última estrofa del poema Canto coral de Alejandro Romualdo dedicado a Túpac Amaru: “Le pondrán de cabeza. Arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia”, pero “Al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado, gritando ¡LIBERTAD! sobre la tierra, ha de volver”.