Justicia que no es justicia

El Poder Judicial ha dictado 30 meses de prisión “preventiva” contra la ciudadana peruana Yaneth Navarro. Según la Fiscalía, ella es “investigada por el presunto delito de organización criminal, tras ser sindicada como financista de las movilizaciones sociales en el país”. La yuxtaposición de estas dos frases no tiene sentido y es puro efecto de propaganda: “financiar movilizaciones sociales” no es delito en ninguna parte del Código Penal, así que de ese hecho no se puede sacar ninguna “organización criminal”.

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En las calles y en las redes sociales hemos visto colectas solidarias de ciudadanos que simpatizan con las manifestaciones y que han hecho donativos para la logística básica (movilidad, alimentación, salud). Administrar esos fondos (por cifras irrisorias) no es delito. Esta injusticia, sin duda, será revertida tarde o temprano en otras instancias judiciales. Pero el daño que le están causando a Navarro ¿acaso lo van a reparar estos jueces y fiscales que se están prestando para el show y la persecución política?

Mientras las autoridades han sido tan rápidas para encarcelar a ciudadanos por el grave delito de ejercer su ciudadanía, arrastran los pies para identificar a los autores de cerca de 60 asesinatos durante la represión a las protestas sociales. No hay hasta el momento ni un solo efectivo policial o militar detenido por estos hechos.

Navarro fue detenida por la Policía el 31 de enero. El Poder Judicial no tardó ni 15 días en mandarla a prisión por dos años y medio. Mientras tanto, los autores de las matanzas de Ayacucho (15 de diciembre, 10 muertos) o Puno (9 de enero, 18 muertos) no solo siguen libres y sin causa judicial: peor aún, siguen manejando armamento del Estado, siguen a cargo de la represión a las manifestaciones sociales y, por si fuera poco, van a recibir un “bono” de cuatro sueldos como premio (en el caso de los policías).

¿Cómo no indignarse?