Un "triunfo" temporal, por David Rivera

El “fracaso de la toma de Lima” y la disminución de las marchas en regiones, en frecuencia e intensidad, comienza a ser interpretado por algunos sectores como que el gobierno tenía razón, que todo era cuestión de reprimir, resistir e intimidar a como dé lugar a los manifestantes, que tarde o temprano el cansancio se apoderaría de ellos y terminarían cediendo.

No es la única idea que comienza a instalarse. La otra es que, si es así, el Congreso podría quedarse hasta el 2026, y que incluso el gobierno podría hacerlo hasta ese año, como era (¿sigue siendo?) el deseo de Dina Boluarte. Al cierre de este artículo estaba prácticamente descartada la posibilidad de adelantar las elecciones al 2023, y con las marchas “debilitándose” no sería extraño que más congresistas retomen la fantasía de que es posible no proceder con la aprobación en segunda votación del adelanto de elecciones para abril del 2024.

Pero aún si las marchas no logran retomar los niveles de movilización que registraron estos dos últimos meses, sería un error para el país que Gobierno y Congreso crean que es posible hacerse los muertitos y seguir hasta el 2026 como si nada hubiese pasado.

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En primer lugar, la calma relativa que podría instalarse solo ocultaría temporalmente la indignación y frustración expresada en las manifestaciones, en las cuales el reclamo legítimo de la mayoría era y sigue siendo que sus demandas políticas sean escuchadas y atendidas. Creer que la represión e intimidación acabarán con ese ánimo sería un grave error.

Por el contrario, ese ánimo es ahora mayor, y podría serlo más, por la forma en que se pretendió deslegitimar la protesta y por cómo se les enrostró que sus demandas no eran legítimas ni atendibles, tal como se pretendió hacer con el resultado electoral proveniente de su voto en el 2021.

Todo ese ánimo se manifestará en las próximas elecciones, cuando quiera que sean.

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Si cada cinco años las encuestas en período electoral reflejaban sostenidamente que un tercio del país demandaba cambios radicales, el aumento de diez puntos porcentuales en quienes aprueban una nueva Constitución y en 20 puntos porcentuales en quienes están de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente (AC) debería ser una señal clara de que cada vez hay una mayor disposición hacia un “acto refundacional”, ya no solo por la incapacidad del Estado para resolver los principales problemas que agobian a los peruanos, sino también por la indiferencia de la representación política frente a las demandas sociales.

En el camino, además, aunque las protestas no pusiesen nuevamente en jaque al Gobierno central, sí habrá manifestaciones en diferentes partes del país, tal como está sucediendo aún con la paralización de operaciones mineras, toma de carreteras, ataques a empresas o activos privados y públicos, etc. Lejos de una verdadera calma, la intención de quedarse hasta el 2026 y/o de no adelantar las elecciones al 2023, solo seguirá alimentando la rabia de un país ya convulsionado y que cada vez está más dispuesto a escuchar promesas radicales.

¿Deberían tener ahora un incentivo los representantes de la izquierda y la derecha extremas para aprobar un adelanto de elecciones? Para los primeros, podría ser el hecho de que, en el corto plazo, podrían perder soga y cabra, que ya han ganado espacio político frente a su intención de promover una AC y que no les conviene ser quienes se niegan al adelanto de elecciones.

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Pero para ello, la derecha extrema tendría que percatarse de que vuelve a tener la oportunidad de alinearse con la demanda legítima y prioritaria de la población de que se vayan todos lo antes posible (como lo ha entendido Fuerza Popular), y dejar así en off side a Perú Libre y sus aliados frente a la insistencia de incluir la consulta sobre la AC como parte de las elecciones. Porque lejos de haberles cerrado el paso a los movimientos radicales de izquierda, lo que han conseguido con su postura en solo dos meses ha sido reabrirles un espacio político que habían perdido.