Raúl Molina: "No es la mejor manera, no contribuye a la paz decir que son todos unos terroristas”

La carta de renuncia de Raúl Molina a su cargo de jefe del gabinete técnico de la presidencia revela discrepancias en el Poder Ejecutivo con respecto a la manera de cómo enfrentar la crisis. En la siguiente entrevista, ahonda en las razones de su alejamiento y ofrece su propio análisis de la situación.

—En su carta de renuncia, escribe: “No parezco ser el asesor principal que usted quiere”. ¿A qué se refiere exactamente? ¿No le hacían caso?

—No, no. O sea, me hacían un caso relativo, un poco menos de lo que para mí debía serlo. Es verdad que yo no conocía previamente a la presidenta Boluarte, estábamos construyendo confianza. Ella está en una situación muy difícil, con una situación política-social…

—Explosiva.

—Claro, tiene mucha presión sobre ella y quería resultados, quería un diálogo pronto. Estábamos trabajando en eso, pero con un Ejecutivo muy cuestionado es difícil hacerlo convocando nosotros (mismos). Ya lo habíamos probado en el Viceministerio de Gobernanza, no había funcionado, y estábamos tratando de movilizar voluntades de terceros que asuman el liderazgo y, en su momento, que convoquen al Ejecutivo, pero eso toma su tiempo porque los actores tienen muchos temores, desconfianza. En ese escenario, la presidenta sintió que esos procesos eran muy lentos. Yo le argumenté que era el ritmo que tienen, que trabajábamos arduamente y, al final, coincidimos en que yo no era el asesor que ella quiere.

—¿En qué no le hicieron caso?

—Enrique, el asesor habla a través de su autoridad. Yo no era un miembro del Ejecutivo en el sentido nato de la palabra…

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—Era asesor cercano de la presidenta.

—El gabinete y jefe de gabinete lo que tratan de hacer es fortalecer el marco de decisiones de la presidencia de la República. El Despacho Presidencial, en términos organizacionales, necesita un fortalecimiento. Todo funciona con la lógica del Estado a partir de la LOPE (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo). El secretario general es la autoridad máxima y el jefe de gabinete ni siquiera tiene una posición clara en la organización.

—Más allá de lo organizacional, usted tenía acceso directo con la presidenta. ¿En qué no le hacía caso? Esa es mi pregunta.

—Demos un ejemplo: el tema de las elecciones en 2023. Antes de entrar al Ejecutivo, había planeado que las elecciones tenían que ser en setiembre de 2023, era posible. En el Ejecutivo hubo una larga discusión. La señora presidenta ha seguido convencida, hasta hace muy poquito, con abril de 2024. Para mí ese debió ser un gesto político que se le ofreciera a la gente en los primeros días de enero. Se postergó y creo que, cuando ya se decidió, es un poco tardío. Ya no va a producir los efectos que hubiese producido a comienzos de enero.

—En su carta de renuncia le pide a la presidenta que se promueva el dialogo…

—Claro, eso me lo encargó a mí, que soy un asesor, por mi pasado como viceministro de gobernanza. Y hemos estado trabajando y buscando que, desde la sociedad civil, se compraran el pleito, pero eso tiene sus tiempos y yo entiendo que la presidenta, en su desesperación por la presión de todos lados, quería hechos más rápidos en términos de una foto con unos actores que convoquen un diálogo.

—¿Se puede llamar al diálogo, como lo hace la presidenta, con una represión de esta magnitud? ¿Es viable?

—No, no. Por eso lo estaba haciendo de manera off para que, desde la sociedad civil, nacieran iniciativas que convoquen al Ejecutivo. Yo decía: “Apenas nos convoquen, acudiremos”, pero el Ejecutivo no puede liderar porque, como usted mismo dice, cuando el Ejecutivo convoca, no solo no te aceptan, sino que te patean la mano, porque ha perdido legitimidad para eso. Yo lo estaba haciendo, instando a otros actores a que lo asumieran y, como pongo en mi carta, en determinado momento me di cuenta que lo podía hacer mejor desde afuera. Le di largas, la decisión de apartarme fue tomada días antes, pero esperé a una reunión sobre la que tenía muchas expectativas con un conjunto de actores de la sociedad civil…

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—¿La del 31 de enero?

—Sí, el martes. Y cuando conversamos sobre los resultados de esa reunión, la presidenta y yo convenimos que el ritmo que le podía ofrecer no era el que ella esperaba y le insistí que desde fuera podía obtener más resultados, porque la camiseta del Ejecutivo es una carga muy fuerte.

—Usted declaró en RPP que, en esa reunión, la del 31, se dio cuenta del peso de los muertos. ¿No tardó demasiado en percatarse del peso de los muertos?

—Enrique, la gente que me conoce sabe que esa ha sido la mochila más fuerte que he tenido que cargar en mi compromiso por construir un eje de diálogo que sacara al Ejecutivo del único eje basado en el orden público.

—¿Le comentó a la presidenta o al premier Otárola que calificar a los manifestantes de violentos o terroristas traería más problemas que otra cosa?

—Ha traído más problemas que otra cosa.

—¿Pero se lo dijo tal cual a la presidenta y al premier?

—Esa y otras muchas cosas se conversan en el día a día, Enrique.

—¿Cómo interpretan ellos las manifestaciones?

—Yo creo que son conscientes de que hay enfado y población que legítimamente demanda respuestas al Estado en general, las cuales no le han dado nunca. También soy consciente de que el gobierno está bajo mucha presión en dos planos. De un lado, los reclamos de un sector de la sociedad, los agroexportadores y los mineros que te dicen “desocupa vías”. Hay congresistas, no digo todos, que te dicen que desocupes vías casi a cualquier costo.

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—Es cierto.

—En el otro extremo tienes a la comunidad de derechos humanos que (dice que) todo lo que hace la Policía y a las Fuerzas Armadas es un abuso de los derechos humanos. Y, en el medio, tienes a la gran mayoría de la población.

—¿Las organizaciones de derechos humanos califican como violaciones a todo lo que hace la Policía y las Fuerzas Armadas?

—No, algunas, algunas digo. Casi, casi parecería que toda acción de orden público vulnera los derechos humanos. Frente a eso, el Ejecutivo, hay que reconocerlo, ha migrado en su estrategia de orden público. Es verdad que hubo el último episodio en Lima del señor que murió…

—Víctor Santisteban.

—Hay videos que muestran que son dos policías que se separaron del contingente. Sobre eso no hay que sacar conclusión final. La tiene que dar el Ministerio Público y espero que la Policía haga su propia investigación interna. Pero el Ejecutivo ha migrado porque, cada vez más, son hechos aislados los sucesos en los que las fuerzas del orden se exceden, después, sobre todo, de los dolorosísimos sucesos de Puno. Pero no hay duda de que hay un acumulado de fallecidos que nunca se podrá borrar y la sociedad tiene que encontrar una manera de procesar esas muertes en democracia. Eso necesita respuestas. La presidenta le dijo a la Fiscalía que hiciera sus requerimientos para que las investigaciones no se detengan, pero esta institución no anticipa ofrecer ningún resultado pronto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco ha ofrecido resultados suficientemente específicos, aunque felizmente ha resaltado el tema de las desigualdades que, creo, son la causa estructural de lo que pasa, pero no hay responsables individualizados.

—¿Pedro Castillo está detrás de las movilizaciones? La presidenta lo volvió a sugerir esta semana.

—(Niega con la cabeza). De la información que tengo, se especula sobre eso…

—¿Pero es realista?

—No, como capacidad de organizarlo, para nada. Creo que más intención organizativa tienen Bermejo y Bellido que la que puede haber tenido Castillo. La presidenta ha buscado darse explicaciones. No tengo total control sobre todo lo que recibe de todos los servicios de inteligencia. La información que yo tengo me hace pensar que hay muchos grises, ha habido muchas variaciones de lugar a lugar, pero no creo que Castillo, más allá de sus arengas, tenga más presencia que todos aquellos que creen que le quitaron a su presidente, como los profesores organizados del Fenate, el sindicato al que él pertenecía.

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—¿Fue un terrible error mandar al Ejército a Ayacucho?

—Fue un terrible error que no hubiera un oficial a cargo de ese contingente de tropa y (también) no poner a la Policía por delante, particularmente, en Ayacucho. Eran los primeros días de las protestas, pueden alegar que no estaban suficientemente preparados, lo que sea; pero no se puede poner a las Fuerzas Armadas solas frente a la población. Los soldados no están preparados para interactuar con la gente.

—¿Cómo se explica ese tipo de decisiones?

—Es difícil entenderlo de fuera, Enrique. Los que están más arriba en la cadena, a veces, se enteran un poco tarde. Son decisiones más operativas que toman los mandos más territoriales.

—El estado de emergencia lo firmó la presidenta.

—Eso sí. Pero al firmar el estado de emergencia no estás diciendo: “Tropa, ataca a la gente en el aeropuerto de Ayacucho”. En el marco del estado de emergencia, a veces, se ha perdido el control de la acción de las fuerzas del orden, sobre todo, en esas semanas en que no había ningún discurso de diálogo asociado al de orden público. Cuando asumí el 23 de diciembre (como asesor) ya habían 30 muertos y me la jugué para regresar al Ejecutivo porque me dije “voy a poner todo mi compromiso para que ese número no aumente”.

—Y lamentablemente aumentó.

—Lamentablemente. Tengo que reconocerlo.

—¿Cree que estamos viendo una asonada terrorista?

—Enrique, si quieres descartar todas las narrativas que se han construido, lo podemos hacer; pero eso no va a contribuir a aclarar nada. Yo creo que lo dominante es la población peruana pobre, rural y surandina motivada tal vez por la salida intempestiva de Castillo —la cual no se les ha explicado lo suficiente— y azuzada de manera diferenciada, según el territorio, por profesores descontentos o por operadores de izquierda de larga data que andan dando vuelta por el sur y que han descubierto una nueva oportunidad de entrenar sus habilidades…

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—Pero…

—Un momento, déjame terminar, no te impacientes. Entonces, hay un montón de grises en la combinación de esos ingredientes. No es la mejor manera, no contribuye a la paz decir que son todos unos terroristas. En eso estoy de acuerdo. No ayuda tampoco en los esfuerzos de diálogo, tampoco. Se lanzaron esas narrativas. Yo no hubiese puesto en juego esas narrativas. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es que insistamos en construir una alternativa desde la sociedad civil que le dé una salida política al proceso doloroso que vivimos.

—Lo que le quería decir es que a mí sí me parece importante analizar ese tipo de narrativas porque puede ayudar a aclarar lo que ocurre.

—A ver, no dejemos a la presidenta ni al Congreso solos. Construyamos una iniciativa de sociedad civil con muchos actores que le planteen al Ejecutivo y al Congreso qué vamos a hacer con los muertos en términos de explicación social.

—¿Debería renunciar Boluarte? ¿Eso aliviaría el clima de protesta social?

—No. Yo sé que hay un 74% de la población que ha opinado que sí, pero creo que tenemos un mínimo de 11 a 18 meses de gobierno de transición, no importa a cargo de quién esté. Sin un movimiento de la sociedad civil que le ponga agenda al gobierno nacional y que ayude a realizar ese tránsito muy duro, en ese escenario, creo que es mejor Dina Boluarte que un representante del Congreso. Es Boluarte o alguien del Congreso. ¿Y cuál de los 130? Además, necesitamos dos con legitimidad mínima: uno para que asuma el Gobierno y uno para la presidencia del Congreso.

—Podría haber alguien con legitimidad, pero dudo que obtenga los votos en el Congreso. ¿Asamblea Constituyente o no?

—La AC es un instrumento nomás. Lo importante es la agenda de cambios que se apruebe, con reforma dentro del artículo pertinente dentro de la Constitución o con el instrumento que sea. Para mí, este Congreso no debe aprobar ninguna modificación. Ninguna. Y no puede poner por delante la discusión sobre la AC. Siguen insistiendo, en la derecha, con las reformas urgentes y, en la izquierda, con el referéndum para la AC, y lo único que ponen son pretextos para no aprobar el adelanto del calendario electoral.

—Ha dicho que puede ser más útil fuera del gobierno. ¿Qué piensa hacer?

—Voy a tratar de seguir empujando la iniciativa a la cual insté a esos actores de la sociedad civil, voy a tratar de apoyar la iniciativa de las universidades nacionales y de los gobiernos regionales. Ojalá pueda ayudar a que una iniciativa de ese tipo tome forma para una salida política que nos permita convivir durante los meses que faltan para la elección. Y en ese tránsito, Dina Boluarte es una mejor alternativa que un presidente nacido del Congreso.