Hablar claro: al pan, pan, y al vino, vino

Tan condenable como el terruqueo para desacreditar al de izquierda que piensa distinto es no llamarle terrorismo a actos violentos que sí lo son, golpismo al cierre del congreso, o violación de derechos humanos a formas inaceptables de enfrentar la protesta.

En el Perú no es frecuente la mantención de principios únicos que sirvan para calificar los hechos como son y no según quién sea su protagonista.

Un caso reciente es el de la mayoría de la izquierda peruana que condena –como corresponde– el golpe de 1992 de Alberto Fujimori, pero que al golpe calcado de ese que intentó Pedro Castillo hace un mes lo elogia como respuesta legítima a un supuesto acoso racista del congreso y los medios. Para esta columna, Castillo y Fujimori son golpistas.

El terruqueo, por mala fe o ignorancia, también es inaceptable. Atribuir a una persona, de manera indebida, la condición de terrorista –que es de lo que se trata el terruqueo– lo califica de delincuente –pues el terrorismo es un delito grave– con el riesgo de ser procesado por ese motivo. Esta columna ha rechazado siempre el terruqueo.

Lo mismo ocurre con la violación de derechos humanos. Casi 50 muertos en un mes de protestas es inaceptable y refleja escaso respeto por la vida y faltas muy gruesas que la fiscalía hace bien en investigar, aunque hacerlo con la tipificación de genocidio evidencia que la fiscal de la nación no se arriesga mucho a visitar el mataburros del diccionario.

Por último, no llamarle acto terrorista a lo que el diccionario define como tal –actuación criminal reiterada y por lo común de modo indiscriminada para crear alarma con fines políticos–, como es capturar un aeropuerto, calcinar a un policía en un patrullero, incendiar una fábrica, quemar la casa de un congresista, etc., y decir que solo es vandalismo, implica un servilismo a lo políticamente correcto, especialmente tras un gobierno como el de Pedro Castillo, quien entró en política en 2017 de mano del Movadef senderista, y que en su gobierno se dedicó a infiltrar el sector público, desde ministros hasta prefectos, con gente de ese espacio, cuyo accionar se refleja en varias protestas de estos días, constituye una cobardía similar a la de la izquierda al demorarse tanto en los 80 en reconocer que Sendero era una organización terrorista.