A continuación del fracasado autogolpe de Pedro Castillo ha explotado un volcán que tardará en apagarse. La profundidad de esta protesta estaba anunciada en la encuesta del IEP, donde el 85% manifestaba su rechazo a la continuidad del Congreso si vacaba a Castillo. Es decir, la inmensa mayoría desea que este Congreso también desaparezca. Sin embargo, ahí sigue alimentando la indignación, ofreciendo espectáculos bochornosos y buscando quedarse lo más que pueda.
Por su lado, no hay duda que Castillo buscó violar la Constitución y en consecuencia ha sido vacado en forma justa y legítima. Es imposible pedir su reposición. Además, su gobierno fue pésimo. Completamente improvisado como administración, cero ideas audaces en favor del pueblo, corruptelas y favores a grupos de interés, empezando por su familia y gremio de maestros. Un desastre.
Sin embargo, sus derechos han sido vulnerados y ha comenzado una persecución política. Esa ruta es inadmisible y la señora fiscal debería contenerse. Todo el país sabe que ha favorecido a su hermana y nadie cree en su imparcialidad. Pero ahora está bajo la lupa del sistema interamericano que no va a permitir que se encauce a Castillo con procedimientos de excepción. Hace ya tiempo que la justicia y el Ministerio Público lucen parcializados y poco efectivos. Ahora están ante una gran prueba y por ahora su rumbo es deficiente.
Castillo también se comporta de manera irresponsable. Ha sido un gobernante para el olvido y ahora se hace la víctima. Peor aún, ha decidido jugar la carta de la identificación étnica. Acusa a la elite de Lima de haber impedido su gobierno por razones racistas. Trae a colación asuntos que son ciertos, como la absurda campaña del fraude, la cantidad de mociones de vacancia y el hostigamiento de la gran prensa. Pero calla que él mismo ha dado pie a estas acusaciones, por la evidente corrupción de su entorno y la ausencia de un mínimo de eficiencia para gobernar.
Ahora bien, la demanda étnica que agita Castillo, y quienes han decidido lucrar con su imagen, está haciendo estallar el país, porque es verdadera y muy profunda. El Perú se ha construido sobre una gran fractura y nunca ha superado el colonialismo interno. Una parte del país se siente superior y mira con desprecio a la otra.
Ese desprecio, al que aludía hace unos días Juan Carlos Agüero, constituye la esencia de la peruanidad. No vemos al otro como a un igual sino como a un cholo del cual desconfiar. Por ello, la línea de Castillo es especialmente peligrosa. Pretende mantener su puesto en el imaginario popular a costa de una explosión social y sin importar el número creciente de muertos.
Dina también ha empezado mal, nombrando un gabinete apolítico, que ha sido capturado por los planes conspirativos elaborados por las FFAA y la Policía. Para empezar, el fundamento legal del estado de emergencia es un documento policial reservado que nadie conoce. Su pretensión es apagar el incendio a palos y no conversando. Mientras que Dina podría separar la paja del trigo, identificar interlocutores y llegar a acuerdos positivos que tranquilicen y no enerven a la población con más represión.
¿Hay salida? Siempre la hay en la vida de los pueblos. En la actualidad implica convocar elecciones generales al más breve plazo posible, satisfaciendo la consigna más repetida de la protesta: ¡que se vayan todos! Eso significa elecciones con las reglas actuales, que sabemos son bastante malas. Pero darle a este Congreso la responsabilidad de cambiarlas es aceptar que se quede para volverlas peores.
Más bien, las próximas elecciones generales podrían incluir preguntas adicionales sobre asamblea constituyente y cambios políticos, para que la ciudadanía decida en libertad cómo modificar el ineficiente y podrido régimen actual.