El adelanto de elecciones

La crisis peruana no ha llegado a su fin con la sucesión presidencial. La madurez de la democracia peruana al elegir una salida constitucional para superar la intentona golpista desde el Ejecutivo solo ha sido un paso adelante, pero hay una serie de reformas que se requieren para garantizar que estos ensayos autoritarios no se vuelvan a repetir.

La Constitución actual ha mostrado vacíos y desactualizaciones que deben ser corregidos para conservar el equilibrio de poderes que es inherente a una democracia. No es aceptable la tiranía de un poder contra otro y tampoco el caos constitucional en que se ha convertido la pugna del Ejecutivo y el Legislativo. Se requieren reformas políticas, aquí y ahora.

Las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad democrática no han retrocedido, solo se han pospuesto temporalmente. Todavía el Congreso mantiene una desaprobación altísima, y todavía todas las encuestas realizadas los últimos meses muestran un apoyo decidido de la población a una salida de la crisis que responde a la fórmula de que se vayan todos.

La encuesta IEP de noviembre daba cuenta de un 86% que no estaba de acuerdo con salidas parciales del Ejecutivo sin el Legislativo. Y eso significa adelanto de elecciones generales. Obviar el tema no lo hace desaparecer, y posponerlo, solo abundará en el hartazgo y la desconexión cada vez mayor de la población con sus autoridades.

Estamos en un momento de aparente calma con pedido de tregua. No será un estado permanente. Los primeros gestos políticos que ha dado la mandataria hacen ver que el adelanto de elecciones no es una de sus prioridades. Así lo ha señalado en sus declaraciones, en las que ha indicado que existen temas más urgentes. También ha remarcado por segunda vez que tiene un mandato hasta el 28 de julio del 2026. Ella debe reflexionar antes de anunciar una decisión que dé como definitiva.

Puede tratarse de buenos deseos y de mensajes tranquilizadores a un Congreso en el que carece de representación propia y que también apuesta a su permanencia. Pero la ciudadanía no tiene por qué asumir que esa alternativa que complace a algunos sea la única o la mejor.

Dar el paso al debate más amplio entre los congresistas, que ya cuentan con una iniciativa legislativa con predictamen, en ese sentido, y la propia sociedad civil y la academia, para canalizar las expectativas de ese sector mayoritario que plantea soluciones integrales y no medias tintas parece ser lo más aconsejable. Lo urgente no necesariamente es lo más importante y aún queda mucho camino por recorrer hasta el 2026.