Presidenta, gobierne de cara al país

El breve “putsch” golpista del ex presidente Castillo fracasó estrepitosamente y naufragó en medio de la ignominia, enfrentado por las instituciones tutelares del país, que se colocaron del lado de la legalidad y la historia. Disolver el Congreso e intervenir los otros poderes del Estado, violentando la norma constitucional, solo aceleró los mecanismos de control político y se avanzó con la vacancia presidencial y la sucesión a la primera vicepresidenta, Dina Boluarte.

Ha sido una gran demostración de fortaleza institucional que las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, todos los organismos electorales, la Contraloría, la Defensoria del Pueblo, los medios de comunicación, entre otros salieran sin medias tintas para rechazar la intentona golpista. Permite la esperanza en un futuro sin estos quiebres constitucionales, que en nuestra historia reciente todavía registramos: Alberto Fujimori, quien cerró el Congreso en 1992 y Manuel Merino de Lama el 2020, que usurpó el poder por un breve período.

La sucesión con la que se cerró este breve y lastimoso capítulo, no podía haber tenido un mejor derrotero. Se ha elegido a una autoridad elegida por voto popular y ahora Dina Boluarte, la primera presidenta del Perú, la número 131 en los 201 años de vida republicana y que tiene la misión de conducir el país por los meses siguientes.

En su mensaje inaugural ha prometido un gobierno de todas las sangres que retome el camino del desarrollo, enfrentando el flagelo de la corrupción y levantando la bandera de la unidad nacional. Para lograrlo, ha pedido una tregua política mientras se adoptan las medidas más urgentes con el nuevo Ejecutivo, que serán elegidos entre los mejores técnicos y provenientes de los partidos políticos democráticos.

Mientras se asienta el nuevo gobierno y se conoce la conformación de su gabinete, queda la incertidumbre sobre la postura que desarrollará la nueva mandataria en varios puntos que resultan trascendentes para la gobernabilidad futura. En primer lugar, el retorno de la política en reemplazo de la negociación bajo la mesa y el intercambio de favores, que han caracterizado al gobierno del saliente Castillo. Pedir un juego político de cara al país, nos protege del cubileteo y la manipulación.

También, se debe proponer desde el Ejecutivo un impulso a la reforma política necesaria para evitar la inestabilidad permanente en la que se ha debatido el país desde 2016 y que garantice el real equilibrio de los poderes públicos, sin los excesos en los que han caído tanto el Legislativo como el Ejecutivo.

Es el tiempo de la agenda mínima para el consenso y la respuesta conjunta a la demanda del país, afectado por la crisis interminable, las graves acusaciones de corrupción y que ahora requiere un despliegue de transparencia, buena voluntad, desprendimiento y preocupación por el bien común. Estaremos atentos y vigilantes de las decisiones que adopte la nueva mandataria.