¿Se acerca el fin?

La escalada de agresividad entre poderes del Estado termina con la salida del poder de Aníbal Torres cuyos delirios nadie va a extrañar. Eso, por sí mismo, sería una buena noticia. Sin embargo, su partida tiene dos consecuencias. La primera, el Gobierno quiere presentarla como una denegación fáctica a una cuestión de confianza. La segunda, la sucesora.

Sobre lo primero, el Congreso se ocupó hace meses de reformar la Constitución vía ley (así de salvaje ha sido la cosa) y conseguir un aval del Tribunal Constitucional que vació de contenido la cuestión de confianza y que prohíbe al Ejecutivo toda interpretación de sus hechos como “denegación fáctica”. En resumen, el camino que tomó Salvador del Solar es hoy imposible. ¿Es inconstitucional? No tengo duda y lo dije en octubre pasado. Pero ¿quién decide la inconstitucionalidad de una ley? El TC. ¿Y qué dijo en febrero? Que no era inconstitucional. La muerte del doctor Ramos y la presidencia del doctor Ferrero cambiaron la correlación de fuerzas y tiraron a la basura toda la jurisprudencia anterior. Solo quedan dos caminos para el Ejecutivo: o se deroga (jamás lo hará este Congreso) o el TC cambia su jurisprudencia. Con una nueva conformación sería posible, pero es muy remoto. Un camino que el Congreso debería evitar, pero que ha decido recorrer con una demanda competencial innecesaria, tal vez porque anticipa un resultado favorable. Entonces, ¿en concreto? Cero balas disparadas. Marcador virgen.

El presidente pudo haber mantenido a Torres o iniciar un difícil camino de concertación con el Congreso en la búsqueda de un gabinete conversado. Pero Mambrú se fue a la guerra. Ha puesto de presidenta del Consejo de Ministros a Betssy Chávez, una abogada de 32 años que, al inicio del régimen, parecía ser parte de un interesante cambio generacional en la izquierda. Recuerdo haberle preguntado si era marxista y me contestó que era adventista. Se desmarcó rápido de Perú Libre y de Cerrón y se la juraron. Luego llegó al Ministerio de Trabajo y todo fue para abajo. La norma contra la tercerización laboral ha generado una avalancha de litigios ganados por las empresas y un impacto negativo en el empleo formal. La huelga de controladores aéreos el Jueves Santo pasado puso en peligro la vida de cientos de pasajeros, bajo su absoluta responsabilidad. Fue censurada con los votos de la oposición y de 9 de sus excolegas de Perú Libre. Castillo la hizo ministra de Cultura, donde ha sido un desastre. No solo no es su especialidad, sino que no se ocupa de los temas de su sector.

Hace pocos días se supo que tres parientes de su enamorado consiguieron trabajos cercanos a ella gracias al amor. Se defendió con un tecnicismo: “no son mis parientes”. Pero la convivencia sí genera, según la ley, parentescos de afinidad. Está investigada por tráfico de influencias y su respuesta ha sido el insulto. Ni el video de su modesto beso con el enamorado ha merecido reacción alguna. Seis cambios se han dado en ¿su? gabinete. Con tan poca dignidad que hay dos ministras cuyas bancadas votaron por su censura y ella (en teoría) las propone al presidente: Portalatino y Juárez. Robles votó en contra, pero es vocera del archienemigo Cerrón. Juárez, que llamaba al gobierno “corrupto” en febrero, se arrodilló ante Castillo con el fajín bien ceñido.

Castillo va a la guerra, con lo peor que consiguió del Congreso, para que censuren a Chávez. Pero el Congreso no es suicida y con 40 votos puedes dar investidura, como se hizo (de nuevo) con Salvador del Solar. Así las cosas, hay Betssy para un verano. Y mientras exista Betssy, existe el Congreso. Solo la censura de dos gabinetes puede precipitar su cierre. Y esa iniciativa, la de censurar, solo la tiene el Congreso. No la van a usar. Lo lógico es que pasen al ataque: vacancia, acusación constitucional, denuncia penal, suspensión presidencial. Materia hay abundante. Pero, aun con los votos, Castillo tiene un arma poderosa contra el Congreso: el pueblo los detesta más que a él. Solo no se va a ir. Una “Merinada” no la aguanta el país.

Algunos congresistas aún no lo entienden, otros comienzan a entender. Tienen dos caminos. Un final violento o un final administrado. Entre la sedición y un adelanto de elecciones, donde la decisión y ejecución de la reforma constitucional es exclusiva del Congreso, ¿qué van a elegir? Todo está en manos del Congreso, por ahora. Puede dejar de estarlo en cualquier momento.