La Constitución que hoy todos respetan, por Indira Huilca

La denuncia contra el presidente de la república presentada por la fiscal de la nación suma un ingrediente más al deterioro institucional (y constitucional) en la relación entre los poderes del Estado. Antes que producir un nuevo escenario de disputa política, el paso que ha dado la fiscal ha tenido como principal efecto hundirnos un poco más en el pantano en el que agotamos las energías nacionales hace ya un lustro.

El episodio tiene varias aristas que conviene revisar. En primer lugar, la maniobra de la Fiscalía —no cabe otro nombre— se mueve en un terreno resbaloso: los motivos por los cuales puede ser acusado, y en última instancia removido, el presidente de la república. Para que su denuncia proceda, se quiere forzar una “interpretación auténtica” del artículo 117 de la Constitución de 1993, en un sentido muy específico: ampliar las causales de acusación de modo que admita aquellas que la fiscal propone. Eso es lo que ha solicitado el Congreso de la República al Tribunal Constitucional, no de manera directa, sino mediante la ampliación del contenido de la demanda competencial referida a la controversia entre el Poder Judicial y el Congreso en relación con la elección del defensor del pueblo. Un enredo que poco tiene que ver con atender escrupulosamente a procedimientos establecidos y más bien prolonga la búsqueda a como dé lugar un disfraz legal para asaltar al Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que se discute la posibilidad de modificar el artículo 117 de la Constitución del 93. Al respecto, una constante ha sido la resistencia de la mayoría de agrupaciones de derecha a que se abra un debate amplio para reformar aspectos integrales de la Constitución, en particular lo concerniente al régimen político, menos aún al económico o a los derechos sociales. Lo que hemos tenido en años recientes es más bien una política de doble cara: por un lado, un discurso de defensa fanática de la Constitución del 93 —la biblia de Martha Chávez, el libro rojo de su tocaya Moyano—, en el que se cobijaron todas las derechas fujimoristas y “posfujimoristas”; por otro lado, una práctica de trapeo con los artículos que definen el equilibrio de poderes, siempre en detrimento del Ejecutivo, en particular de la Presidencia, mediante iniciativas siempre inmediatistas y mezquinas orientadas a la desestabilización. Con cada movimiento en ese sentido, alimentan más la inviabilidad del régimen político establecido por la Constitución vigente. Curiosamente, podrían ser las y los defensores de turno del modelo quienes terminen por echar abajo la arquitectura “de la democracia moderna”, a la que se refirió el reo Fujimori hace unos años, cuando conmemoró su autogolpe y se declaró el creador de “la Constitución que hoy todos respetan”. Ja.

Al margen de la maniobra fiscal —alentada por sectores golpistas y admitida por un “centro” cada vez más tirado a la derecha—, debe quedar claro que el presidente Castillo debe ser investigado junto con su entorno. En ello es también contraproducente lo actuado por la fiscal, al iniciar una investigación al mandatario sin atender los más exigentes estándares, favorece intereses políticos subalternos, tanto los de la oposición golpista como los del propio investigado. Ni su entorno más cercano ni el mismo presidente tendrían que ampararse en estas arbitrariedades para levantar un discurso de victimización y no responder ante la justicia y la ciudadanía. Esto ya ha empezado a ocurrir con la activación de la Carta Democrática de la OEA: un mecanismo previsto en la institucionalidad interamericana que podría abrir un espacio para el diálogo sobre la crisis institucional sobre la democracia peruana, pero que ahora apenas sirve para poner en evidencia el fracaso de todos los actores políticos.