Compost: solución que merece atención, por Beatriz Salazar

Por: Beatriz Salazar, investigadora del programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible de CEPES.

Según un estudio reciente publicado en “Sustainability”, en promedio, Perú genera 12,8 millones de toneladas de pérdidas y desperdicio de alimentos al año, cerca de 47,76% de la oferta alimentaria nacional, una cantidad indignante en un contexto de crisis alimentaria. Solo en el Gran Mercado Mayorista de Lima se descartan diariamente entre 40 y 60 toneladas de alimentos.

Además de ser un problema que afecta la seguridad alimentaria en el país, la pérdida y desperdicio de alimentos también tiene un impacto ambiental negativo, pues los alimentos desechados se descomponen en vertederos o rellenos sanitarios, emitiendo gas metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

El compostaje conlleva varias ventajas: permite reducir el volumen de los residuos sólidos entre 40% y 50%, ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios, y contribuye a reducir la emisión de metano. Asimismo –en un enfoque de economía circular– el compost puede ser utilizado en la fertilización de áreas verdes y biohuertos, permitiendo que los municipios ahorren en la compra de abonos y se contribuye a combatir la inseguridad alimentaria.

¿Por qué no se ha podido avanzar más con el compostaje, pese a que el Estado ofrece incentivos para que los municipios emprendan esta actividad? Los pocos avances logrados han encontrado un obstáculo en las acciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que hace unos meses comunicó a las municipalidades distritales que tienen a su cargo plantas de valorización de residuos orgánicos que las ubiquen fuera de zonas recreacionales, residenciales y comerciales, argumentando que así se cumple con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El antecedente directo fue la paralización y el desmantelamiento de parte de la planta de compostaje del parque Ramón Castilla en Lince. Existe preocupación en otras municipalidades que han implementado instalaciones similares, que temen que sean desmanteladas.

Esta disposición de OEFA da la espalda a la realidad de las zonas urbanas del país que cuentan con pocos espacios que cumplan con los requisitos exigidos. Por ello, los municipios han optado por instalar plantas de compostaje más pequeñas, coordinando con otras instituciones para destinar áreas a estas instalaciones y garantizando que no represente un riesgo para el ambiente y la salud pública.

En vez de limitar el desarrollo del compostaje urbano, debería promoverse el modelo del compostaje comunitario en las ciudades del país. Este sistema es aplicado en muchas urbes a nivel internacional, por ejemplo, en Sídney (Australia), donde la administración local trabaja con jardineros comunitarios para establecer granjas de compostaje y lombrices en jardines públicos y parques. También se alienta a los residentes a instalar contenedores de compost en su hogar o cuadra.

El compostaje urbano podría articularse con iniciativas de producción de alimentos en biohuertos, especialmente por parte de las mujeres que gestionan las ollas y comedores populares en todo el país. La Municipalidad de Lima ha venido desarrollando un trabajo en conjunto con las lideresas de las ollas comunes para emprender biohuertos comunitarios e implementación de composteras, contribuyendo así a la seguridad alimentaria de las familias.

Es necesario que el Ministerio del Ambiente –como ente rector en el sector residuos sólidos– emita disposiciones que faciliten la valorización de residuos sólidos orgánicos en ámbitos urbanos. Asimismo, debería atenderse la sugerencia de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMET) de Lima, y conformar una mesa de trabajo para la formulación de iniciativas que impulsen el manejo de las actividades de valorización a cargo de las municipalidades distritales, en concordancia con un enfoque de economía circular.