Ambiente propicio, por Indira Huilca

El congresista Freddy Díaz debe ser destituido de su cargo de congresista de la República y debe ser sentenciado por la justicia en relación con la acusación de violación sexual en su contra, realizada por una trabajadora de su despacho.

La destitución debe ser consecuencia de la sanción máxima que tal hecho merece en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, mientras que la sentencia llegará tras un correcto —y ojalá célere— proceso a cargo del Ministerio Público.

Eso es lo que debería suceder. Y pronto. Más aún tratándose de un delito grave ocurrido en el propio Congreso, que involucra a uno de sus representantes y a una trabajadora.

Del Congreso como institución lo que se espera es una posición solidaria con la víctima, de defensa de la ley y de cerrada condena a la violencia sexual, una problemática que dista mucho de ser excepcional en nuestro país. Sin embargo, desde que fueron conocidos los hechos, lo que hemos visto es una muestra corregida y aumentada de todo lo que está mal al enfrentar un caso de violación sexual.

En primer lugar, la forma en la que Freddy Díaz abandona el edificio parlamentario en el que de acuerdo a la denuncia y los testimonios ocurrieron los hechos. Está registrado en video que el congresista huye mientras otro trabajador le reclama el haber encerrado bajo llave a la víctima, quien había pedido auxilio.

De haberse aplicado la detención correspondiente por flagrancia, Díaz no habría podido ocultarse de la justicia los siguientes días y reaparecer unas semanas después para participar en las sesiones del Congreso como si nada.

Lo otro tiene que ver con sus colegas. En vez de un rápido reconocimiento de la gravedad del hecho, lo que se tuvo como primera reacción desde el Congreso fueron las declaraciones del entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, para quien el hecho de que la víctima sea “la única trabajadora mujer en un espacio de puros hombres” creó “un ambiente propicio” para la violación sexual.

Este tipo de “explicación” no sorprende. Es lamentablemente común que se excuse al agresor y se niegue la naturaleza machista de una violación, apelando a un supuesto contexto del que la víctima debió ser consciente.

Lo más grave, sin embargo, es la inexcusable demora con la que el Congreso está usando sus canales institucionales para afrontar la situación. Ha tomado mes y medio que la Comisión de Ética suspenda por tres meses a Díaz, con base en un informe que acredita que el congresista consumió alcohol en su despacho y que fue denunciado por su trabajadora por el delito de violación sexual en estado de inconsciencia.

El que se tomen tantas semanas para constatar hechos que se conocieron de manera inmediata no solo causa indignación, sino que ha servido primero para enfriar el caso, y luego para reabrirlo ante la opinión pública en un contexto de disputas internas que involucran a su exbancada (fue expulsado). Ahora se habla más de los votos, las vendetas y las amenazas entre congresistas que del fondo del caso: la violencia sexual, el riesgo de impunidad y la necesaria reparación a la víctima.

Este hecho debe marcar un antes y un después sobre los casos de violencia sexual en el país. Como sociedad tenemos la obligación de exigir que este caso llegue a las últimas consecuencias tanto a nivel penal como en el Congreso, donde está pendiente atender la acusación constitucional presentada el 8 de agosto.

Agresiones de tipo sexual tienen lugar de manera cotidiana en hogares, escuelas o centros de trabajo y ante ello no es extraño que se proceda con indolencia y postergando el interés de la víctima y la aplicación de la ley en nombre de otros valores, en este caso el poder y los cálculos de supervivencia de bancadas absolutamente desprestigiadas en el ámbito político.