No hay derecho

El derecho de todo peruano a la salud no solo está acogido en la Constitución, sino que el evitar su cumplimiento constituye un delito, el de discriminación. Al negar o impedir que cualquier ciudadano reciba los beneficios que emanan de sus derechos, se viola la ley y se está incitando también a que se cometa una omisión del deber de socorro, también contemplado en el artículo 195 del Código Penal.

Entre palmas en el Congreso, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante pidió que el expresidente Martín Vizcarra sea expulsado de la Villa Panamericana, donde permanece ingresado debido al covid.

El artículo 323 del Código Penal, denominado discriminación e incitación a la discriminación, dice que comete delito “el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocidos en la ley, la Constitución, los tratados internacionales”. Entre los ítems protegidos por el artículo se incluye “la condición de salud”.

Adicionalmente, quien hace la solicitud —un médico que negó la calidad de las vacunas en plena segunda ola y provocó que miles de personas retrasaran o se negaran a ser vacunadas, lo que podría haberles salvado la vida en muchos casos— es alguien que hizo un juramento hipocrático para sanar y velar por el bienestar de los seres humanos.

El caso de Martín Vizcarra, fuera de su condición de expresidente del Perú con denuncias que están siendo procesadas en el sistema de justicia, es la de cualquier ciudadano ingresado en un centro de aislamiento para protegerse de los embates de la enfermedad, una vez que ha resultado positivo y que requiere de esa atención para salvaguardar a sus familiares de eventuales contagios. No importa su condición social, racial ni de género. Merece atención médica y tiene derecho a recibir el tratamiento que requiere.

No hay que olvidar que hasta Abimael Guzmán y el propio líder fujimorista, Alberto Fujimori —condenado por graves crímenes—, recibieron y reciben atención médica permanente sin que se discuta si tienen o no derecho.

Negar el derecho a la salud, e incitar a que se niegue la atención médica, no solo es una conducta por demás miserable. Es un delito, cometido abiertamente por quien, además de ser un profesional de la sanidad, también es un congresista cuya primera labor es respetar la ley y obligar a los demás a cumplirla.