La neutralidad se volvió una farsa, por Mia Tamayo

Mientras los precandidatos al 2026 recién calientan motores para publicitar sus propuestas, consolidar sus listas y afinar su posicionamiento en la futura contienda, la historia de las últimas semanas ha sido otra: diversas figuras políticas, desde gestiones municipales hasta nacionales, están haciendo caso omiso al principio de neutralidad electoral —el deber de los funcionarios públicos de actuar con imparcialidad política durante un proceso electoral, evitando acciones que favorezcan o perjudiquen a algún candidato u organización política—, realizando actos de propaganda o favorecimiento desde el poder, sin haber renunciado previamente a sus cargos, o incluso utilizando recursos públicos para estos fines. Con esto último se puede dar lectura de lo siguiente: nuestras autoridades están volviendo cada vez más inútil un principio básico de toda democracia: la transparencia que exige todo proceso electoral.

Uno de los casos que merece especial atención es el reciente escándalo en el Congreso de la República, donde se descubrió una cámara de video utilizada de manera irregular en un mitin de Fuerza Popular, brindando cobertura mediática a la candidatura de Keiko Fujimori con recursos públicos. Posterior a lo ocurrido, se presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, atribuyéndole la falta de asunción de responsabilidad política frente al uso indebido de un bien estatal como este, e infringiendo, como consecuencia, el principio de neutralidad electoral (contemplado en el artículo 68 del Reglamento del Congreso). En sus descargos, Rospigliosi aludió falta de pruebas directas de su autorización o participación en este hecho, sugiriendo incluso el archivamiento de esta acusación. Ello resulta especialmente peligroso, pues, en palabras de Diego Pomareda, “el Congreso ha dejado de ser un órgano de control para convertirse en el eje de un poder casi absoluto que captura instituciones, destituye a quien resulte incómodo y neutraliza cualquier intento de fiscalización nacional o internacional”.

Paralelamente, la infracción a la neutralidad electoral también ha encontrado un terreno particularmente atractivo en los gobiernos regionales y locales. Por un lado, tenemos las actividades oficiales realizadas con símbolos del partido de Renovación Popular a propósito de beneficiar la imagen política del exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Según la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga habría utilizado de manera indebida su posición como autoridad política para promover su agrupación, empleando el color celeste como distintivo, su símbolo y, además, mencionando de manera explícita su nombre en redes sociales oficiales.

De manera similar, el JNE sancionó recientemente al alcalde de Comas, Ulises Villegas, por también vulnerar el principio de neutralidad electoral. Durante su gestión, Villegas promovió propaganda en favor del partido Somos Perú, argumentando que se trataba de una actividad social. No obstante, el proceso de fiscalización reveló lo contrario: testimonios señalaron que diversas trabajadoras fueron obligadas a vestir uniformes con el logo partidario y a entonar arengas en presencia del alcalde.

Finalmente, a nivel regional, el ente fiscalizador dejó firme la sanción contra el líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, por participar en un mitin durante una visita a Piura el presente año cuando aún se encontraba en calidad de gobernador regional de La Libertad. Nuevamente, la infracción fue por los mismos casos que lo preceden: la vulneración al principio de neutralidad, al tratarse de actos de carácter evidentemente político.

Todos estos casos, además de ser precedentes relevantes en plena actuación preelectoral, revelan, lamentablemente, una práctica actitudinal recurrente por parte de aquellos que ejercen representatividad política en el país. Y ni qué decir de la reciente modificación del Reglamento del Congreso que permite a los congresistas realizar actos de proselitismo político durante la semana de representación. En los tres niveles del Estado, la vista se ha vuelto gorda para aquellas figuras que, aunque dicen servir públicamente al país, lo hacen bajo intereses partidarios e, incluso, particulares.

En síntesis, aunque la lista de casos es mucho más extensa, la lectura del presente escenario es crítica: se está perdiendo de manera progresiva y sistemática la imparcialidad que los funcionarios, durante el ejercicio de sus cargos públicos, deben resguardar, sumado al uso indebido de recursos públicos para hacer campaña política disfrazada de actividades meramente públicas.

Todos estos elementos, en suma, erosionan los principios básicos de una democracia y profundizan la desconfianza ciudadana en las instituciones, especialmente en un contexto de competencia electoral atomizada como el actual. Si la vigilancia estatal —y, sobre todo, la ciudadana— no fiscaliza ni denuncia con firmeza estos actos, el mensaje que se proyecta es sumamente peligroso: el principio de neutralidad terminará reducido a una mera formalidad dentro de la contienda política, y la infracción a pagar será el declive de una representación política de facto en el Perú.