El affaire militar

Hay grandes tensiones que han comenzado a hacer perder objetividad en el caso de los ascensos militares. La intentona palaciega de recomendar a un par de postulantes, la separación del ministro Ayala y las denuncias presentadas por dos ex comandantes generales, quienes dicen haber sido presionados para asegurar las vacantes, van armando un entramado cada vez más complejo.

Los comandos militares José Vizcarra (EP) y Jorge Chaparro (FAP) recibieron los encargos y recomendaciones un mes antes de ser separados de sus máximos cargos. Ambos atribuyen su situación a no haber cedido a las presiones para ascender a dos coroneles EP, Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez, cuyos orígenes familiares son chotanos.

Todo apunta a Bruno Pacheco, un secretario general, sin capacidades para el cargo, que no midió el carácter penal de sus exigencias y que deberá responder a una investigación fiscal por tráfico de influencias. El otro protagonista es el renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, quien habría querido interferir en la lista de ascensos.

El presidente Castillo también aparece por haber señalado si era posible la recomendación, y al recibir una respuesta negativa, haber dicho que “iba a respetar la propuesta y firmar las resoluciones”, según el propio Vizcarra.

En el Congreso, con algunos ex altos miembros de las FF. AA. como parlamentarios de los partidos de oposición, no es de extrañar la virulencia y la altisonancia de los reclamos, que apuntan a la Presidencia de la República. Los militares relevados han entregado audios que probarían las presiones que incluirían al propio presidente Castillo, según se supo.

En paralelo, hay dos denuncias que hacen dudar de la imparcialidad de la comisión militar de ascensos, una de ellas del general EP Julio Domínguez Pasco, que postulaba a división y que asegura haber sido espiado por agentes del propio Ejército. El otro caso es la denuncia del favorecimiento con el ascenso a un secretario del propio Vizcarra, el general Ángel Pajuelo Gibaja.

Exigimos se respete la institucionalidad de las FFAA y que se mantenga su carácter no deliberante. También, el pleno respeto a la meritocracia castrense, para que sean los mejores de cada arma quienes accedan a los cargos superiores.